Recursos Humanos Digital. El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, y la secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cambio Climático, Maria Salud Marín, han presentado este miércoles el ‘Informe de Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia 2010’, que cifra en 36, con una media de tres al mes, la personas que perdieron la vida durante su jornada laboral en 2010, lo que supone un aumento del 9,1 por ciento respecto a 2009.
De este modo, en el informe, que ha sido realizado por la Secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cambio Climático de la organización sindical, también se incide en el aumento del 12,3 por ciento los accidentes laborales graves respecto a 2009, después de que el pasado año se produjeran un total de 128, 22 de ellos ‘in itinere’.
En este sentido, Jiménez ha señalado que los datos «evidencian un descenso de la siniestralidad laboral en la Región durante 2010, un 12,8 por ciento menos con respecto a 2009, aunque ese decrecimiento se ha producido mayoritariamente por la ralentización de la actividad económica y no porque verdaderamente se haya conseguido avanzar de forma efectiva en la erradicación de los accidentes y enfermedades».
Y es que, según ha explicado, «ese descenso de los índices de siniestralidad comienza en 2008, con el estallido de la crisis, y se ha mantenido hasta 2010». «Sin embargo, puede comprobarse que, mientras baja la siniestralidad, el número de accidentes graves y mortales experimenta un repunte significativo».
Los índices de incidencia, que ponen en relación el número de accidentes con la afiliación a la Seguridad Social, confirman igualmente esta tendencia a la baja de los accidentes leves y el repunte de los graves y mortales, ya que en 2010 se produjeron 2,43 accidentes graves por cada 10.000 trabajadores y 6,19 mortales por cada 100.000.
Para Jiménez, resulta «obvio» que la consideración de la prevención como un coste prescindible «se ha instalado en buena parte del empresariado, al tiempo que el aumento de la incertidumbre y la sobrecarga de trabajo que afecta a los trabajadores han tenido un impacto muy negativo en su seguridad y salud laboral».
AUMENTO GRAVE DE LOS ACCIDENTES AGRÍCOLAS
Marín, por su parte, ha desgranado los datos de siniestralidad laboral por sectores y ha señalado que es «preocupante» el aumento del 38,5 por ciento del número de accidentes de trabajo con consecuencias graves en el sector agrícola.
Respecto al sector de la construcción, ha destacado el ascenso de los accidentes graves, con un incremento del 60 por ciento, así como el de los mortales, que han aumentado un 36,4 por ciento. Además, ha señalado que «las empresas más sancionados en salud y seguridad laboral se encuentran en este sector».
Asimismo, ha constatado el incremento de los accidentes graves (32 por ciento) y de los mortales (36,4 por ciento) en el sector servicios. «Solamente en el conjunto del sector industrial no se producen aumentos tan intensos de los accidentes más graves, aunque en la rama de la industria alimentaria se duplicaron en 2010 respecto al año anterior», ha añadido.
Por otra parte, el número de enfermedades profesionales declaradas durante el año pasado se incrementaron hasta las 292, un 79,1 por ciento más que las diagnosticadas en 2009.
CONCLUSIONES DEL INFORME
Jiménez ha sacado un total de ocho conclusiones del informe, la primera de ellas, la existencia de carencias en cuanto a cultura preventiva en todos los ámbitos y niveles, tanto en empresas, administraciones públicas, trabajadores y los propios organismos implicados.
Igualmente, ha destacado que la «ausencia de gestión preventiva en las empresas conlleva, en muchos casos, un cumplimiento meramente formal y poco eficiente de las obligaciones empresariales en materia de PRL», así como un escaso nivel de participación de los trabajadores en la gestión de la prevención.
A su juicio, «es necesario mejorar la formación de los empresarios y trabajadores en materia de prevención, erradicar la infradeclaración de las enfermedades profesionales y una mejor evaluación, por parte de las empresas, de los riesgos psicosociales, para adoptar medidas preventivas que eviten la exposición de los trabajadores al acoso laboral, estrés o violencia en el trabajo».
Por otro lado, ha señalado que la Reforma Laboral ha traído consigo «un aumento de la precariedad, sin atajar el problema de la temporalidad, la rotación o la mala organización de los tiempos de trabajo», y se ha mostrado preocupado de que las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) puedan operar en sectores como la construcción, sanidad o la Administración regional.
Al hilo, se ha preguntado «por qué en las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tras 14 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sigue primando el requerimiento a la sanción, incluso en aquellos casos en que los trabajadores han tenido que llegar a la denuncia de los incumplimientos antes la pasividad del empresario».
Sin embargo, Jiménez ha celebrado la reciente reforma del Código Penal, que ha acogido como delito el acoso laboral o ‘mobbing’; la entrada en vigor de la Ley Antitabaco, que ha permitido que los trabajadores de la hostelería dejen de estar expuestos al humo del tabaco; o el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se introduce un incentivo económico para las empresas que reduzcan la siniestralidad.
Finalmente, ha valorado positivamente el reciente convenio entre el MTIN y el Ministerio del Interior, firmado el 1 de marzo de 2011, con el objeto de reducir los accidentes de tráfico durante la jornada laboral o en los trayectos de ida y vuelta, aprobando para ellos ayudas para aquellas empresas que acrediten una serie de acciones, como planes de movilidad y seguridad vial, para sus empleados.
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