El Congreso vota el miércoles que el Estado pague a los trabajadores que no cobren sus nóminas

Recursos Humanos Digital. La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso debatirá este miércoles dos proposiciones no de ley de CiU y ERC que pretenden instar al Gobierno a adoptar medidas para remediar la situación económica de aquellos trabajadores afectados por el impago de nóminas por parte de su empresa.

En concreto, CiU plantea que se les permita el cobro de las prestaciones por desempleo desde el inicio de la reclamación judicial de los salarios adeudados, mientras que ERC plantea que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) adelante al trabajador las cantidades que debería abonarle la empresa «en caso de insolvencia».

CiU recuerda en su iniciativa, recogida por Europa Press, que el trabajador afectado por esta situación debe reclamar la deuda y solicitar la extinción del contrato mediante sendas papeletas de conciliación, como paso previo a la vía judicial, pero sin dejar de acudir a su puesto de trabajo hasta que tenga la sentencia que da por finalizado su contrato.

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En este sentido, remarca que el procedimiento judicial suele tardar en resolverse «en dos o tres meses», en los que el no cobra, pero tampoco puede acceder a la prestación de desempleo ni buscar otro empleo, pues debe cumplir con la empresa.

Por ello, pide que el Gobierno aplique estas reformas en el plazo de tres meses, acompañadas de medidas para permitir la búsqueda activa de empleo y la participación en acciones de mejora de la ocupabilidad durante el procedimiento judicial, en las mismas condiciones que los trabajadores en situación de desempleo.

ERC QUIERE QUE SE COBREN INTERESES «AL ALZA»

Por su parte, ERC plantea que, aparte de «adelantar» el pago de las nóminas, el Fogasa sea el encargado de recuperar esta cantidad adelantada y abonar al trabajador el resto de lo adeudado por la empresa.

En este sentido, plantea que los intereses a los que tienen derecho los trabajadores en los casos de atraso en el pago de los salarios, se revisen al alza y puedan ser exigidos a las empresas por requerimiento de la Inspección de Trabajo, previa denuncia de los trabajadores afectados.

Además, aboga por que las reclamaciones de cantidades por impago de más de un mes del salario a un trabajadores tengan preferencia sobre «otros procesos menos urgentes» en los Juzgados de lo Social y en los tribunales superiores de Justicia.