RRHH Digital. Un documento sellado el 20 de diciembre de 2004 por el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) refleja el «compromiso» alcanzado entre la Dirección General del mercado central de abastos de Sevilla y su comité de empresa para «mantener» una configuración de 189 empleados en la plantilla, extremo acontecido después de que las parten acordasen el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2003. Mediante este y otros documentos, el comité de empresa sostiene que sobre Mercasevilla pesaba un «mandato» de «no reducir plantilla», al objeto de desbaratar así la tesis de la juez Mercedes Alaya en cuanto a una posible «ilicitud» en la contratación de nuevo personal «por el mismo número de trabajadores afectados» por el ERE de 2003.
Como es sabido, la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha imputado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, al exdirector general de la sociedad mixta Mercasevilla Fernando Mellet, al que fuera su director adjunto, Daniel Ponce, al exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y a los prejubilados José Antonio R.M. y Antonio Garrido Santoyo, en el marco de la nueva línea de investigación promovida para esclarecer posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a los expedientes de regulación de empleo impulsados en 2003 y 2007 desde esta compañía participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa.
CUESTIÓN DE «ILICITUD»
En este nuevo auto, emitido el 20 de enero de 2010 y recogido por Europa Press, Alaya entiende que en la presunta «ilicitud» del ERE de 2007 y en las prejubilaciones fraudulentas descubiertas en Mercasevilla concurre la participación de «personas absolutamente ajenas al delito societario» ya investigado por esta instancia judicial en cuanto a la anterior gestión del mercado central de abastos. Sobre esta «ilicitud», señalaba la juez que el ERE de 2007 fue autorizado «por las mismas causas de sobredimensión de la plantilla, económicas y organizativas» que en el caso del expediente de regulación de empleo de 2003, tras el cual fueron contratados «el mismo número de trabajadores fijos que resultaron afectados» por dicho procedimiento de reestructuración laboral.
Frente a esta tesis, el comité de empresa esgrime un documento sellado por el Sercla el 20 de diciembre de 2004 y recogido por Europa Press, pues en dicho texto figura como compromiso adoptado por Fernando Mellet, entonces director general de la compañía, el «mantenimiento de la configuración actual de la plantilla, que está fijada en 189 trabajadores». Mercasevilla, según destaca el comité de empresa, tenía así en 2004 un «mandato de no reducir plantilla, una obligación de mantener estos puestos de trabajo» pese a que se consumasen por aquellas fechas las prejubilaciones del primer expediente de regulación de empleo.
EL «COMPROMISO» DEL ALCALDE
El «mandato» habría sido tal, que el comité de empresa expone un segundo documento fechado el 22 de diciembre de 2004 y firmado por el propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), porque en dicho texto, el primer edil reconoce como «compromiso adquirido» el arbitraje de «mecanismos de aportación y obtención de recursos financieros que garanticen la viabilidad de la empresa o mediante transferencias o ampliaciones de capital», en un supuesto de «déficit que menoscabe los derechos de los trabajadores en algún ejercicio económico de Mercasevilla». En el mismo documento, figura como el mantenimiento del «sistema de servicio público» del mercado central de abastos como otro de los compromisos adquiridos por Sánchez Monteseirín.
Ambos documentos, según concreta el comité de empresa, resolvieron la huelga convocada por los sindicatos en el mercado central de abastos después de que la Dirección General de Mercasevilla y los mayoristas de pescado pactasen una reducción en la tasa correspondiente a la venta de «cefalópodos elaborados» (chocos o calamares, por ejemplo), dado que tal rebaja constituía una «merma» de aproximadamente 540.000 euros anuales para los ingresos de Mercasevilla. Y es que el pacto alcanzado ante el Sercla también contemplaba la «recuperación del poder adquisitivo de los salarios» de los miembros de la plantilla.
EL ERE DE 2007
El ERE promovido en 2007 por Mercasevilla figuraba entre las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de un posible delito societario. De un lado, entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, dio su «conformidad» al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores acogidos al ERE de 2007. No obstante, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento de que estos actos firmados por Guerrero fueron «meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio».
En este marco, destacan los casos de María del Carmen Fontela González y del ex miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, incluidos como prejubilados en los ERE promovidos por Mercasevilla en 2003 y 2007, respectivamente, pese a que ninguno de ellos ha formado nunca parte de la plantilla. Ambas personas figuran entre las prejubilaciones fraudulentas detectadas por la Consejería de Empleo tras haber inspeccionado los expedientes de regulación de empleo incentivados a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), extremo derivado de un convenio entre las partes promovido por Francisco Javier Guerrero.
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