RRHH Digital. El Instituto de Empresa Familiar (IEF) propone crear un contrato de aprendizaje para jóvenes de hasta 30 años exento de pagos a la Seguridad Social, acotado «temporalmente» y con un salario no sujeto al convenio colectivo, aunque negociado entre empleado y empresa y nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El presidente del IEF, Isak Andic, y su director general, Javier Quintana, fueron los encargados de presentar esta iniciativa, que se enmarca en una propuesta más amplia para alcanzar un Pacto de Estado por el empleo juvenil con el que «enriquecer» el aprobado recientemente por los agentes sociales.
El objetivo de este contrato es lograr que contratar a un joven sea más barato y sea económicamente más productivo. Y es que, al margen del salario, el IEF asegura que la falta de experiencia de los jóvenes obliga a las empresas a disponer de expertos que formen a estos trabajadores, lo que acaba siendo un gasto ineficiente.
«Existe una importante brecha entre la productividad que pueden aportar los jóvenes –generalmente baja, dado su escaso nivel de conocimientos prácticos– y los costes de su empleo, muy elevados en comparación con lo que pueden aportar en su puesto de trabajo», explica el IEF.
Por ello, también propone que, junto a una reducción del coste de contratación, se adopten medidas de mejora de la formación de los jóvenes. Unas y otras deberían servir, a su juicio, para reducir los actuales niveles de paro juvenil.
DESCUELGUES Y SALARIOS FLEXIBLES
La adopción de este contrato de aprendizaje supone dar en el marco de la negociación colectiva, cuya reforma negociación patronal y sindicatos, «más libertad» a las empresas para ‘descolgarse’ de los convenios superiores a los de empresa y poder negociar «individualmente» con los trabajadores.
Según Quintana, esta mayor libertad debería desembocar de forma automática en un mayor ajuste de los salarios a la productividad de los trabajadores, de forma que «quien más trabaja más cobre».
Ahora bien, preguntado por la fórmula de determinar la productividad (a partir de las ventas, de los beneficios empresariales, etc.), señaló que ésta debería de determinarse dependiendo de cada sector de actividad.
«La negociación colectiva está siendo un corsé», indicó antes de añadir que, el IEF en ningún caso está pidiendo que los empresarios puedan decidir «unilateralmente» las condiciones laborales de sus empleados, al tiempo que Andic reiteró que el SMI «es intocable».
MÁS BONIFICACIONES Y MÁS AUTOEMPLEO
Otras de las propuestas del IEF se dirigen a facilitar a las empresas el acceso a los beneficios fiscales por la contratación. En este sentido, proponen bonificar el 100% de las cuotas al régimen general para jóvenes menores de 30 años que se incorporen por primera vez al mercado laboral, durante los dos primeros años y «sin condiciones».
Además, el IEF apuesta por bonificar el 100% de las cuotas sociales para autónomos menores de 30 años durante el primer año y el 50%, durante el segundo.
Asimismo, proponen reformar el Servicio Público de Empleo para la separación de la gestión del paro y el empleo en dos organismos dependientes y establecer sistemas de análisis de la eficacia de las políticas activas de empleo y del gasto educativo.
Para mejorar la formación, el IEF cree necesario destinar 500 millones de euros, de los 7.300 millones presupuestados para políticas activas, para financiar actuaciones de formación dentro de empresas homologadas, orientar el sistema educativo para que responda a las necesidades empresariales y establecer el bilingüismo como un objetivo para la próxima generación.
DAR SALIDA A LAS PROPUESTAS
Según defiende la empresa familiar, el plan de choque del empleo acordado por los agentes sociales y el Gobierno es «positivo», pero «hace falta hacer más». Por eso, tratarán de llevar a cabo estas iniciativas de la forma que se necesaria.
Es por eso que la han trasladado al Gobierno y a los principales líderes de la oposición y que no descartan que se incluya en forma de enmienda en un proyecto de Ley, al tiempo que, en parte, estarán incluidas en el informe que el Consejo Empresarial por la Competitividad remitirá al Ejecutivo.
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