RRHH Digital. La manifestación de taxistas celebrada hoy en Madrid, «la mayor movilización del taxi de la historia» y en la que han participado unos 30.000 profesionales, según los organizadores, no ha evitado que la «Ley Ómnibus», por la que protestaban, haya sido aprobada en el Congreso de los Diputados.
Los manifestantes han demandado la modificación del artículo 21 de la «Ley Ómnibus» que, de acuerdo con la organización convocante, la Unión Nacional de Asociaciones Libres de Autopatronos y Empresarios del Taxi (Unalt), liberaliza el sector con un sistema paralelo, «como el que hay en África y Sudamérica», y dificulta un servicio «de calidad como el europeo».
En la movilización, según los organizadores, participaron más de 30.000 profesionales, lo que representaría el 30% de todos los taxistas de España, si bien la delegación del Gobierno en Madrid rehusó dar una cifra del número de manifestantes.
Además, según explicó el presidente de la Federación Profesional de Taxi, Mariano Sánchez, el paro convocado en toda España fue secundado «prácticamente» por el cien por cien del sector.
Sin embargo, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, subrayó, tras la aprobación de la norma en el Pleno del Congreso, que varias patronales del taxi están de acuerdo con esta Ley y desmintió que los taxistas estén «bastante descontentos», pues lo que ha habido es «un malentendido» con el contenido de la norma.
Campa insistió en que esta ley «en ningún caso» tiene «algún aspecto de regulación del sector» del taxi, que es competencia autonómica y local.
El secretario de Estado recordó asimismo que en la tramitación se han suprimido unas líneas del polémico artículo por el que protesta el sector, según las cuales la actividad de vehículos alquilados con conductor podía hacerse en cualquier parte del territorio independientemente de donde se recogiera o dejara a los clientes.
El citado artículo, el 21 de la conocida como «Ley Ómnibus» reforma varios puntos de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y estipula que el precio se fije libremente entre las partes contratantes, y que el arrendamiento de vehículos con conductor tendrá la consideración de actividad de transporte discrecional de viajeros.
La convocatoria no ha contado con el respaldo de otros colectivos representantes del taxi, como la Federación del Taxi de UGT (Uniatramc) y la Confederación del Taxi de España (CTE), con notable implantación en el norte de España y en Baleares, e integrante de la Mesa Nacional del Transporte, que ha estimado que el paro ha fracasado «de forma estrepitosa».
No obstante, la movilización logró alterar el servicio habitual de taxis en las dos principales vías de entrada por aire y tren a Madrid, el aeropuerto de Barajas, donde incluso cien taxistas han presionado a otros compañeros para que no recogieran a clientes, y en la estación de trenes de Atocha, de donde partió la manifestación principal a las 11 de la mañana.
Dos horas más tarde la protesta llegó hasta cerca de la puerta del Congreso, pero más de un centenar de agentes antidisturbios impidieron que los manifestantes se aproximasen a la Cámara, gracias a un despliegue policial por las calles adyacentes a las Cortes.
Sólo se permitió el paso a los principales representantes de los taxistas, entre ellos los presidentes de Unalt, de la Federación Profesional del Taxi, y de ATA, que en las puertas de la Cámara Baja han sido recibidos por el presidente del PP, Mariano Rajoy, y la portavoz en la Cámara del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, así como por diputados de CiU y ICV.
En este encuentro, Rajoy se comprometió a «seguir dando la batalla» para la defensa de sus intereses sobre la posible liberalización del sector, aunque el líder de la oposición no ha sido uno de los diputados que han tenido que recurrir al metro, o incluso a la socorrida caminata, para volver a sus lugares de origen, ante la imposibilidad de coger un taxi por la huelga.
El Pleno del Congreso aprobó hoy la «Ley Ómnibus» después de que la enmienda aprobada en el Senado que pedía la suspensión de aspectos del polémico artículo 21 fuera rechazada con los votos del PSOE y la abstención del PNV y del BNG.
La nueva normativa supondrá la modificación de 116 decretos leyes y normas autonómicas y municipales y eliminará 16 regímenes de autorización previa, otros 32 los sustituirá por comunicaciones previas y suprimirá 111 requisitos.
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