Trabajo sólo ha recibido 20 solicitudes de autorización de agencias privadas de colocación

RRHH Digital. La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha asegurado que, dos meses después de aprobar el decreto que regula a la actividad de las privadas de colocación, el Ministerio de Trabajo ha recibido únicamente veinte peticiones de autorización de establecimiento de este tipo de empresas a nivel estatal, lo que demuestra que su implantación no está yendo «demasiado rápido» como temían algunos.

Durante su intervención en la jornada sobre el pacto social entre Gobierno y agentes sociales organizada por el Grupo Socialista en el Congreso, Rodríguez ha asegurado que en un momento en el que paro afecta a cuatro millones de personas, «nadie sobra» para ayudar a las personas. 

Asimismo, ha explicado que el real decreto aprobada a finales de diciembre planteaba que regula su actividad trata de «conjurar» el riesgo de que las agencias discriminen a los parados de más difícil recolocación para desviarlos a los servicios públicos de empleo, un peligro que, según ha asegurado «efectivamente existe».

Por ello, anualmente se determinarán las «cotas» que corresponden a los servicios públicos y agencias privadas y, además, éstas están obligadas a hacer tratamientos de todo tipo de personas. No obstante, Rodríguez ha recalcado que «No se puede poner puertas al mar» y que la participación de las agencias privadas es incuestionable.

TRAMITACIÓN DE LAS REFORMAS ACTIVAS DE EMPLEO

Rodríguez ha advertido de que en la tramitación parlamentaria de las políticas activas de empleo, el PSOE debe evitar que se rompa el equilibrio competencial por las exigencias del PP de centralizar aún más el sistema y de los grupos nacionalistas para todo lo contrario.

«Debemos quedarnos en la mitad, en ese equilibrio», ha advertido, asegurando que se ha negociado intensamente con las comunidades autónomas, en «interlocución muy directa» a los largo del mes antes de aprobar la reforma, consensuada en buena parte con ellas, frente a los «argumentarios» del PP, que sostienen lo contrario. No obstante, ha explicado que la urgencia se ha debido a que las ayudas de 426 euros caducaban el 16 de febrero y había que tener su sustituto ya preparado.

Rodríguez ha asegurado que las políticas activas de empleo desarrolladas por las comunidades autónomas han sido un «colchón» ante la crisis y han permitido «contratar a miles de personas», pero la situación económica está cambiando y «todo apunta a que hemos entrado en la fase final del ajuste».

Por este motivo, se ha optado por dotar de más flexibilidad a las comunidades, levantando el «corsé» que tenían para darles «plena capacidad de maniobra», aunque sin generar 17 modelos distintos, ya que el decreto ley establece elementos de «coherencia, coordinación y cohesión social», como la Estrategia Española de Empleo, y con la consideración de la atención a los desempleados como un derecho subjetivo.

Asimismo ha afirmado que para mejorar la formación profesional, ésta no debe verse constreñida por el nivel de estudios de los desempleados, y ha señalado que el Ministerio de Trabajo está negociando con el ministerio de Educación para suprimir los límites existentes en este aspecto.

DEFIENDE LA UTILIDAD DEL EXTINTO PRODI

«Somos el primer Gobierno que ante un incremento del número de parados hemos optado por no recortar las prestaciones», ha asegurado Rodríguez, quien ha calificado de «históricas» la tasa de cobertura alcanzada.

Así, ha asegurado que ahora casi ocho de cada diez desempleados tienen protección, mientras que con el PP era de 45 de cada 100, lo que se ha traducido en un gasto de 30.000 millones, el 3% del PIB.

La secretaria de Estado de Empelo ha asegurado que el Programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI) «ha sido bueno» y ha beneficiado a «casi 900.000 personas», con una dotación de 1.600 millones de euros, pero era necesario un «modelo diferente» para preparar a la persona en situación de desempleo para «intentar» devolverla al mercado de trabajo. 

GARANTÍAS SOBRE LA CONTRATACIÓN PARCIAL

Asimismo, ha asegurado que las bonificaciones a la contratación a tiempo parcial están destinadas a los más de 800.000 jóvenes sin peleo y los dos millones de parados de larga duración, y ha garantizado que el sistema establece limitación y garantías a la posibilidad de contratación a tiempo parcial, como que los contratos tengan una duración mínima de 6 meses y un horario de entre el 50% y el 75% de las jornadas.

En este sentido, ha asegurado que el contrato a tiempo parcial está «infrautilizado» y supone un 13% del total en España, frente a más del 25% en otros países europeos. Asimismo, ha asegurado que en buena parte de estos Estados, está vinculado a la contratación de jóvenes y de mujeres.