Recursos Humanos Digital. AENA y los sindicatos no han conseguido esta mañana llegar a un acuerdo para evitar la huelga convocada por CCOO, UGT y USO para la Semana Santa y el verano, y volverán a reunirse esta tarde para seguir negociando su convocatoria.
La reunión de esta mañana ha sido ‘decepcionante’ en opinión de los sindicatos, que han echado de menos a algún responsable del Ministerio de Fomento y, además, el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, sólo estuvo presente un cuarto de hora en la mesa negociadora.
Los sindicatos han presentado sus propuestas y señalan que es el Ministerio el que tiene que tomar ahora la decisión. Insistieron en que, tras la reunión de esta mañana, no hay ‘absolutamente nada nuevo’ y no hay ningún avance en la negociación. Por tanto, ‘estamos igual’ que el pasado 17 de febrero, cuando se rompió la negociación entre ambas partes.
Por su parte, el director de Aeropuertos Españoles de AENA, Javier Marín, explicó que la negociación gira en torno a los derechos colectivos, ya que los individuales de cada trabajador están garantizados en el nuevo modelo aeroportuario. Se trata, por tanto, de ver cómo se puede trasladar el convenio colectivo de los trabajadores de AENA a las concesionarias y de buscar una fórmula jurídica que lo permita.
Marín aseguró que la intención de la empresa es estar permanentemente reunidos con los sindicatos para encontrar cuanto antes una solución que permita desconvocar la huelga y evitar el enorme perjuicio a la economía de España, especialmente a su sector del turismo.
Con la reforma del modelo actual se pretende la modernización del transporte aéreo español para que pueda atender sus demandas de crecimiento, que se sitúan 2 o 3 puntos por encima del PIB, sin ninguna limitación y reforzar así su viabilidad.
Marín reiteró que AENA tiene voluntad y hará todo el esfuerzo que esté en sus manos para llegar a un acuerdo en el aspecto de garantías colectivas jurídicamente viables y que no limiten su crecimiento en el futuro.
Recordó que los trabajadores de AENA no son funcionarios, sino empleados públicos que tienen su propio convenio colectivo y que el dueño de la empresa es el Estado, lo que no cambia con el nuevo modelo, ya que sólo se privatiza su 49 %.
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