RRHH Digital. Cerca de 5.000 afectados por el cierre del espacio aéreo han solicitado al juez que tramita la causa penal que obligue a los controladores aéreos a depositar una fianza de cerca de 50 millones de euros para responder por los daños y perjuicios provocados por el abandono de sus puestos de trabajo el pasado 3 de diciembre.
La Agrupación de Demandantes por el cierre del Espacio Aeroportuario acudió hoy a los juzgados de Plaza Castilla a personarse como acusación particular ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que acumula en un sólo proceso todas las querellas presentadas contra los controladores por el caos aéreo.
Según explicó el abogado de la asociación, el socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, Luis Vericat, se pide al juez que «abra una pieza de responsabilidad civil para que presten una fianza de 10.000 euros por afectado o el embargo de sus bienes» y que se identifique a cada uno de los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo.
Además, el abogado explicó que se pide la declaración de AENA como responsable civil subsidiaria para que responda por las indemnizaciones en caso de que los controladores no puedan afrontarlas.
«AENA es la empresa pública responsable de asegurar el tránsito aéreo, que es un derecho clave de los ciudadanos recogido en el artículo 19 de la Constitución Española», apuntó Vericat.
Por su parte, la presidenta de la agrupación de afectados, Elena Fuente, recordó que tras el laudo arbitral emitido por Manuel Pimentel se ha resuelto el conflicto laboral entre los controladores y AENA, pero «ahora toca resolver el daño causado a miles de personas».
En este sentido, criticó las declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, tras la emisión del laudo en las que afirmó que no existen «vencedores ni vencidos», y le recordó que «son miles las víctimas afectadas por el conflicto que todavía no han sido atendidas».
Los afectados consideran que los controladores incurrieron en un presunto delito de abandono de funciones por parte de los empleados públicos tipificado en el artículo 409 del Código Penal, que contempla penas de multa y de suspensión de empleo de entre meses y dos años.
Vericat señaló que el caos provocado por los controladores «debe investigarse», ya que «cualquier colectivo que quiera defender sus derechos no lo puede hacer a costa de los ciudadanos».
El abogado añadió que la agrupación también representará una demanda colectiva contra AENA por la vía civil y que con estas actuaciones judiciales «se abre un debate jurídico en España sobre la valoración de los criterios de responsabilidad de los daños cometidos sobre los ciudadanos».
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