Recursos Humanos Digital. La Comisión Europea ha insistido hoy en la necesidad de que los Estados miembros desarrollen políticas específicas para combatir el estrés laboral, considerado como la causa de entre el 50% y el 60% de los días de trabajo perdidos cada año y con un coste equivalente al 4% del PIB europeo.
«Sabemos que el estrés laboral puede constituir un problema estructural debido a la organización del trabajo más que al propio individuo, por eso los actores sociales son a menudo los mejor colocados para tomar medidas en esta área», ha declarado el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, quien ha instado a «empleadores y trabajadores» a avanzar en este objetivo y «resolver las lagunas» que pueda haber.
Sindicatos y patronales europeas cerraron en 2004 un acuerdo para impulsar la lucha contra este problema y garantizar una «protección mínima» del trabajador, pero los resultados han sido muy desiguales en los Estados miembros y sólo Suecia ha registrado un descenso de casos de estrés laboral, mientras que en nueve países han aumentado.
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-Osha) publicó en enero que sólo el 26 por ciento de las empresas europeas han adoptado medidas para reducir el estrés laboral.
Mientras, este síntoma afecta en España a más del 40% de las personas asalariadas y en torno al 50% de los empresarios y genera la pérdida de más del 10% del PIB, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Bruselas celebra que el acuerdo de 2004 haya «abierto la puerta» al diálogo y la elaboración de políticas contra el estrés laboral en la mayoría de Estados miembros, incluido España, que cuentan con normas específicas introducidas en los convenios colectivos, acuerdos generales o líneas directrices.
Sin embargo, critica que los actores sociales de Malta, Chipre, Polonia y Eslovenia no hayan informado del modo en que se ha aplicado el acuerdo en su territorio y lamenta que los resultados de Alemania, Estonia, Bulgaria y República Checa «no han cumplido las expectativas». El Ejecutivo comunitario considera que deben producirse mejoras «en todos».
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