RRHH Digital. El grueso de los empleados de la sociedad mixta Mercasevilla prejubilados merced al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, de cuyas prestaciones se desliga la Consejería de Empleo, entregará este lunes en los juzgados de lo Social una demanda al objeto de reclamar los «compromisos» de pago contenidos en dicho procedimiento, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y que figura en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en cuanto a la anterior gestión del mercado central de abastos.
El presidente del comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado Europa Press de que 34 de los 40 prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007 firmaron el pasado viernes, con los abogados de las uniones provinciales de CCOO y UGT, la demanda a elevar a la vía Social tras el fracaso de los actos de conciliación celebrados en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac). La demanda, según ha precisado, carga contra el propio mercado central, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio y la consultora ‘Vitalia Vida’.
El Banco Vitalicio, a través de su división de Seguros Colectivos, fue contratado por Mercasevilla para las pólizas correspondientes a las prestaciones reconocidas en el marco de este ERE, mientras la consultora ‘Vitalia Vida’, de otro lado, fue contratada por la sociedad mixta para las labores de gestoría y asesoramiento de los trámites administrativos correspondientes a dicho procedimiento. Esta última empresa es una de las sociedades investigadas por el Juzgado de Instrucción número seis por su relación con la trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en los expedientes de regulación de empleo de más de 12 empresas andaluzas.
EL ERE DE GARRIDO SANTOYO
De hecho, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla del mercado central de abastos y quien había sido detenido en el marco de estas actuaciones.
En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta.
Para ser más precisos, la investigación del ERE de 2007 está incluida en las diligencias relativas al posible delito societario perpetrado, siempre supuestamente, por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado.
Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la «conformidad» de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron «meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio».
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