RRHH Digital. El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes una moción de CiU en la que se pide que se traspase «a todas aquellas comunidades autónomas que así lo planteen» la gestión de los incentivos a la contratación mediante el régimen de bonificaciones de las cuotas sociales «para mejorar su eficacia», tal y como se hizo con el País Vasco en virtud del acuerdo alcanzado el pasado septiembre entre el PSOE y el PNV.
La iniciativa deriva de la interpelación que el portavoz de empleo de CiU, Carles Campuzano, dirigió el miércoles al ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, quien aseguró que no existe «ninguna dificultad» en que esta política «pueda ser ejecutada también en el ámbito de las comunidades autónomas».
La moción de CiU reclama que se flexibilice la regulación de las políticas activas, que el Gobierno prevé aprobar en próximas semanas, para garantizar a las comunidades «la autonomía y la capacidad real de gestión necesarias» para adecuar las políticas estatales de empleo a las necesidades concretas de su mercado de trabajo.
MÁS DINERO PARA POLÍTICAS ACTIVAS
Para ello, abogan por elevar su dotación presupuestaria y reforzar la colaboración entre los servicios públicos de empleo y las empresas privadas de colocación «con el objetivo de mejorar su eficiencia y reducir los periodos de desempleo».
Además, reclama una revisión del sistema de formación profesional, aumentando la «territorialización de los recursos» para su «correcta» gestión, así como extender sus beneficios a los trabajadores autónomos.
LA POLÉMICA DE LA CAJA ÚNICA
El Gobierno ya aseguró que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2011 abría un nuevo camino por el que podrán discurrir otras comunidades autónomas, que también podrán solicitar la transferencia de las bonificaciones empresariales, si bien ninguna de estas solicitudes se materializó.
El PP ha asegurado reiteradamente que esta posibilidad supone una «ruptura» de la caja única de la Seguridad Social, e incluso amagó en su momento con recurrir al Tribunal Constitucional el acuerdo entre socialistas y nacionalistas vascos.
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