RRHH Digital. En esta obra se analizan los elementos que forman parte del tratamiento jurídico de los accidentes laborales, un conflicto en el que España se encuentra «a la cola de Europa».
Realizado por los abogados del servicio jurídico del sindicato Antonio García y Alejandro Domínguez, el estudio se apoya en casos concretos en los que CC.OO. se persona como acusación particular en representación de los afectados o popular, en un papel reconocido por la propia Audiencia Provincial.
Desde en 1998, cuando la Comisión Ejecutiva de la organización decidiera personarse como acusación, se han sucedido más de 200 casos en los que CC.OO. ha estado presente. En los últimos diez años se contabilizan 37 juicios celebrados, en los que se han absuelto a 25 personas y se ha establecido un total de 101,5 años de prisión y más de 4,6 millones de euros en indemnizaciones.
En la última década la siniestralidad laboral se ha cobrado la vida de 1.766 trabajadores en la Comunidad de Madrid en más de 1,5 millones de accidentes laborales
La razón principal por la que España esté «a la cola de Europa», según aseveraba uno de los autores del libro, Antonio García, reside en la «sensación de impunidad, de gratis total», extendido en los responsables, aunque desde la puesta en marcha de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Código Penal y el Código Penal, la situación ha mejorado.
Si antes de 2000 encontrar sentencias condenatorias era una labor de «arqueología jurídica», la aparición de la vía penal a la cual se pueden enfrentar aquellas personas que no cumplan las medidas de seguridad establecidas y necesarias actúa como «elemento disuasorio», según el propio secretario de Salud Laboral de CC.OO. de Madrid, Carmelo Plaza.
SITUACIÓN «LEJOS DE SER SATISFACTORIA»
«La situación ha cambiado, pero está muy lejos de ser satisfactoria», ha valorado García, que añadía la mayor «sensibilidad de los jueces» respecto a estos conflictos. La legislación y las actuaciones que desde las administraciones y los distintos actores responsables en este tema han hecho que se avance en la lucha contra estas situaciones y en la impunidad a la hora de asumir responsabilidades.
Uno de los ejemplos es el nombramiento del Fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral en el año 2006, que permite un tratamiento específico en este aspecto, como ocurre en la lucha contra la droga, la corrupción, o la violencia contra la mujer.
También lo es el protocolo marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fiscalía General del Estado en 2007. Un acuerdo que permite una mayor coordinación y capacidad a la hora de determinar las responsabilidades civiles, penales y laborales, y que cuenta con la adhesión del Consejo General de la Abogacía Española y los sindicatos CC.OO. y UGT.
«En toda esta trayectoria andada hay ministerios, hay CGPJ, hay abogados, hay sindicatos, hay Fiscalía, … Observaréis que nunca está la CEOE y la CEIM», ha manifestado el secretario general de CC.OO. de Madrid, Javier López, que lamentaba la consideración de que actuar sobre estos delitos pueda significar «algún tipo de problema dentro de las organizaciones empresariales».
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