Convocada una manifestación contra la posible externalización de servicios de Mercasevilla

Recursos Humanos Digital. El comité de empresa del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, ha convocado para el próximo 16 de febrero una manifestación por las calles de la ciudad al objeto de manifestar su rechazo a la posible externalización de servicios que sopesaría la directiva de esta sociedad mixta, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. La comisión ejecutiva de la compañía, de cualquier modo, ha facultado ya a la Dirección General del mercado central para «llevar a cabo las medidas que considere oportunas para evitar que la empresa entre en una situación de insolvencia».

El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press de que la convocatoria de la citada movilización ha sido ya elevada a las autoridades civiles y cuenta con el respaldo de las asambleas celebradas entre los trabajadores de los diferentes servicios que presta el mercado central de abastos. La manifestación, en concreto, arrancará desde la glorieta que enlaza la avenida de Kansas City con la estación ferroviaria de Santa Justa a las 18,00 horas del 16 de febrero para recorrer la avenida de Luis Montoto, donde se alza la sede provincial del PSOE, y concluir en la Puerta de Carmona.

El motivo de la manifestación es reclamar un cambio de rumbo en la trayectoria de la compañía, que afronta un pasivo de 9.046.976,95 euros al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación del expediente de regulación de empleo promovido en 2007 y en la que la directiva no descartaría posibles externalizaciones en un intento de salvar las cuentas.

DÉFICIT Y PASIVO

La sociedad mixta Mercasevilla, como ya se ha informado, cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros, toda vez que en las cuentas de la compañía figura un pasivo de 9.046.976,95 euros relativo al coste del expediente de regulación de empleo promovido en 2007, al que se acogieron aproximadamente 40 empleados cuyas prejubilaciones han quedado paralizadas a cuenta de la incertidumbre que rodea a la financiación del procedimiento.

Dada la posible «privatización» de servicios que sopesaría la directiva de Mercasevilla, encabezada por Juan Carlos Recio, el comité de empresa ha convocado nuevas movilizaciones entre la plantilla, que recientemente ha protagonizado protestas ante el Ayuntamiento de Sevilla, en el propio pleno del Consistorio y en la glorieta de acceso al mercado central de abastos.

EL ERE DE 2007 Y EL CONFLICTO DE LOS SERVICIOS

El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, figura además en las diligencias incoadas por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta. En concreto, la investigación del ERE de 2007 está incluida en las actuaciones judiciales relativas al posible delito societario perpetrado, siempre supuestamente, por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado.

Aunque el por entonces director General de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la «conformidad» de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones en cuestión, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron ‘meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio’.

Además, la plantilla del mercado central de abastos teme una posible «privatización» de los servicios a cuenta de la situación económica de la empresa y de las reclamaciones del gremio de mayoristas de pescado, que esgrime una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia que anula los gravámenes impuestos por la sociedad mixta por los servicios de transporte, manipulación y colocación del género, aspecto incluso ratificado por una sentencia de la Audiencia Nacional.