RRHH Digital. La ayuda de 426 euros para parados de larga duración sin ingresos se quedará en casi 400 euros -el 75% del Iprem– tras el acuerdo alcanzado por Gobierno y agentes sociales en el marco de la reforma de las políticas activas, que se incluye en el pacto social sellado la pasada noche.
Según el documento firmado, al que tuvo acceso Europa Press, los beneficiarios, cuyas rentas no podrán superar el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) –481,05 euros al mes–, podrán cobrar la ayuda durante un máximo de seis meses.
No obstante, el documento señala que, aunque la medida tendrá una duración de medio año desde su aprobación –previsible a mediados de febrero, coincidiendo con el final de la ayuda de 426 euros–, se procederá a su evaluación antes de que concluya el plazo de vigencia.
El documento especifica que estos 400 euros están concebidos como una «ayuda económica de acompañamiento» a programas de formación para mejorar la cualificación y empleabilidad de los beneficiarios, pero, siendo parte de una acción de política activa, tendrá carácter nacional, con lo que su financiación y gestión correrá a cargo del Estado y no de las comunidades autónomas.
Así pues, aquellos que accedan al programa tendrán derecho a realizar un itinerario personalizado de inserción para diagnosticar su empleabilidad y las medidas a tomar para mejorarla, así como a participar en acciones formativas para su recualificación, especialmente con vistas a sectores emergentes y con mayor potencial de empleo.
Al margen de la financiación, las comunidades autónomas deberán destinar el número de orientadores y promotores de empleo «necesario» para la atención de estos desempleados, y tendrán que programar las acciones de recualificación y reinserción profesional.
Junto a esta medida, el documento insta a «reordenar, con carácter transitorio, el presupuesto de las actuales políticas activas de empleo», para responder mejor a las necesidades de inserción y recualificación.
INCENTIVOS PARA CONTRATAR A TIEMPO PARCIAL
Por otro lado, el acuerdo social incluye el plan de choque para favorecer el empleo a tiempo parcial de jóvenes hasta 30 años y desempleados de larga duración, que se denominará ‘Programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable’.
Las partes han acordado reducir las cuotas empresariales a la Seguridad Social como máximo durante el primer año de vigencia del contrato para las empresas que creen nuevos puestos con una jornada de entre el 50% y el 75% de la que se considera habitual. Concretamente, se contempla una reducción de cuotas del 100% para empresas de menos de 250 trabajadores y del 75% para el resto.
Estas bonificaciones podrán aplicarse a contratos a tiempo parcial, tanto indefinidos como temporales de al menos seis meses de duración, que se celebren durante los doce meses siguientes a la aprobación del plan.
Además, las empresas podrán beneficiarse de los incentivos que se establecen en la reforma laboral para la conversión de contratos temporales en indefinidos.
UN ENSAYO CON EL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL
Por último, el documento señala que, aunque este plan de choque tendrá una vigencia de un año, Gobierno y los agentes sociales procederán en un plazo de seis meses desde su aplicación a una evaluación del impacto que ha tenido y constituirán un grupo de trabajo que podría proponer una nueva regulación del trabajo a tiempo parcial que incluya, entre otros aspectos, el de su protección social.
A lo que sí se comprometen los firmantes es a elaborar antes del 30 de septiembre de 2011 una ‘Estrategia global de empleo de los trabajadores de más edad’, que incluya medidas de empleo, formación y condiciones de trabajo.
Además, el documento insta a incrementar la oferta de plazas de formación profesional dirigidas a los sectores con mayores posibilidades de crecimiento del empleo y convocar el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
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