Recursos Humanos Digital. Delegados de CSI-F Madrid, Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Madrid y Federación de Servicios Públicos de UGT-Madrid se concentrarán mañana, martes, de 12.00 a 13.30 horas, en las Plaza de los Cubos de la capital, frente a la Consejería de Empleo, para protestar por los expedientes de regulación de empleo (ERE) que se quieren aplicar en algunos ayuntamientos de la región.
Aunque de momento el único ERE que se ha presentado ante el Gobierno regional ha sido el del Ayuntamiento de Fuente el Saz, los sindicatos señalan que otros consistorios están sopesando y viendo esta posibilidad por los problemas de liquidez que tienen para afrontar las nóminas de sus trabajadores, según informó a Servimedia un portavoz de CSI-F.
Los sindicatos convocantes rechazan estas medidas y exigen que los ayuntamientos, «en lugar de recortar por la parte más débil, la del personal laboral, lo hagan en las partidas que, reiteradamente, ya se les ha pedido que rebajen: en gastos de protocolo innecesarios, asesores, cargos de confianza y despilfarro a costa del dinero del contribuyente», señalan en una nota conjunta.
A su juicio, la Administración, que debería defender el incremento del empleo, «se está convirtiendo en uno de los principales inductores del paro, pero, cuidado, no estamos en ningún momento hablando del ingente número de asesores y cargos de confianza, ni de bajada de sueldos millonarios, esos siguen intocables, nos estamos refiriendo al personal laboral», explican.
Los sindicatos se preguntan «quién hará ahora el trabajo que realizan estos empleados públicos», y muestran su temor a que lo que irá detrás de estos despidos es «la supresión de muchos de los servicios que aún se dan al ciudadano en los ayuntamientos. Se recorta en ayuda domiciliaria, en atención al ciudadano, en servicios a la comunidad, etcétera, etcétera», opinan.
Los sindicatos hacen un llamamiento a los empleados públicos a decir «basta ya a tanto despropósito» y a que no se dejen contagiar del miedo «para aceptar cualquier medida por disparatada, injusta, insolidaria e ilegal que nos quieran colocar».
Insisten en que «el empleado público no tiene la culpa del dislate de sus corporaciones», y creen que ya es hora de pedir responsabilidades «a aquellos que han gestionado mal el dinero público».
En su opinión, los tribunales, en lugar de aceptar los ERE, deberían exigir responsabilidades a los políticos, como ocurre con la empresa privada, donde «estos malos gestores no sólo estarían en la calle, sino afrontando su mal hacer con su patrimonio».
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