RRHH Digital. Retrasar el periodo de jubilación anticipada de los 62 a los 65 años sería una medida con una mayor repercusión a corto plazo de lo que lo es la decisión del Gobierno aumentar la edad de jubilación obligatoria de los 65 a los 67 años, según el Informe Económico de ESADE, realizado este mes de enero.
Los autores del estudio, Fernando C. Ballabriga y Josep Comajuncosa, destacan que existen varios parámetros que se pueden modificar para hacer que el actual sistema de pensiones sea «algo sostenible». Así, señalan hacia una ampliación gradual del periodo de cálculo de la base reguladora, de manera que se incluya toda la vida laboral, y hacia el aumento progresivo de la edad de jubilación.
No obstante, ambos coinciden en que existen otros parámetros como el tipo de cotización o la edad voluntaria de jubilación que no se han contemplado. Asimismo, señalan que la reforma de las pensiones no debe ser un hecho aislado.
«Si la reforma del sistema, así como otras reformas estructurales, contribuyeran a aumentar la productividad de la economía, podría darse al mismo tiempo una disminución de la razón entre lo percibido y lo cotizado y un mantenimiento de las pensiones, o incluso un aumento», afirman los autores.
Respecto a la importancia de reformar las pensiones para mitigar el problema de las cuentas públicas a largo plazo, el informe destaca que, según la Comisión Europea, se estima que el gasto en pensiones supondrá el 15% del PIB en 2050 –actualmente equivale al 8%–, algo que considera inasumible para la economía.
Por último, apunta que el aumento de la presión fiscal que sería necesario para hacerle frente tendría efectos muy negativos sobre el crecimiento y el paro, por lo que es de vital importancia llevar a cabo reformas. «Sería preocupante que, fruto de las recientes reuniones entre Gobierno y sindicatos en las que no hay consenso, salga una receta confusa», opina Ballabriga.
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