Recursos Humanos Digital. El sindicato CCOO ha interpuesto dos demandas contra el Govern balear por aplicar el Decreto que rebaja el salario de los funcionarios y el personal laboral de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Autónoma, al considerar que el recorte del 5 por ciento de sus nóminas es «inconstitucional».
Las demandas de este sindicato son colectivas y afectan a unos 7.000 funcionarios y trabajadores públicos de las Islas (contando las empresas públicas), según ha explicado hoy en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Baltasar Piñeiro, quien ha confiado en que los tribunales les den la razón acerca de la inconstitucionalidad del Decreto de ajuste que se dictó el pasado mes de mayo.
Según ha añadido el responsable sindical, el objetivo es que las demandas sean elevadas al Tribunal Constitucional que es el órgano competente en determinar si el recorte «atenta contra los derechos constitucionales», como ha venido ocurriendo en el caso de una decena de demandas presentadas en distintos juzgados territoriales.
Por su parte, el secretario de la sección sindical de CCOO en las Islas, Joan Palou, no ha descartado otro tipo de movilizaciones en el caso de que fuera necesario, ya que «se nos han recortado nuestro derechos, y los defenderemos donde haya que defenderlos», ha esgrimido.
La demanda que afecta a los funcionarios de la Comunidad Autónoma ha sido presentada en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, mientras que el requerimiento relativo al personal laboral de la administración ha sido tramitado ante el Juzgado de lo Social, ha concretado al respecto Piñeiro.
CUATRO CRITERIOS
El documento presentado ante las instancias judiciales se sustenta en cuatro criterios básicos. Así, se establece que las Leyes no pueden ser retroactivas, un precepto que se incumple con la aprobación del decreto «al afectar a normas anteriores y marcos de negociación previos a su aplicación», ha explicado Piñeiro.
Además, entre otros motivos, se señala que la Administración central y autonómica deben cumplir con los salarios de los trabajadores públicos que están publicados en los Presupuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma correspondientes a los meses de junio y diciembre de 2010, y que el Decreto «no debe romper con la negociación colectiva» que se viene negociando históricamente.
Por último, el responsable de CCOO ha apuntado otro de los argumentos de la demanda, que recuerda que «el propio Gobierno ya había admitido que los empleados públicos ya habían hecho el sacrificio suficiente» antes de la aprobación del Real Decreto.
De este modo, se señala textualmente que «los descuentos retributivos contemplados en el acto que se impugna inciden negativamente en el patrimonio de los empleados públicos al afectar restrictivamente sobre sus salario, ya consolidado y asumido dentro de su ámbito patrimonial en las cuantías que legalmente han venido siendo fijadas anualmente por las correspondiente Leyes de Presupuestos Generales, y que han ido recogiendo los Acuerdos adoptados en la Mesa General de Negociación en cada anualidad».
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