RRHH Digital. Unión Sindical Obrera (USO) ha acusado a los sindicatos mayoritarios y a las organizaciones empresariales de repartirse entre ellos los fondos para acciones en favor de la salud y la seguridad laboral de 2010, excluyendo totalmente a su sindicato en la asignación de las partidas económicas.
Según USO, el Patronato de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, compuesto por administraciones centrales y autonómicas, CEOE, Cepyme, UGT, CC.OO., CIG y ELA, ha aprobado recientemente la asignación de recursos para las acciones de 2010.
En este reparto, USO asegura que se ha «denegado sistemáticamente y en bloque» los proyectos para las ayudas indirectas territoriales que su sindicato presentó desde diez comunidades autónomas, de tal manera que se han asignando recursos exclusivamente a los miembros de la parte social del Patronato de la Fundación.
USO precisa que en las denegaciones no constan los motivos por los que se ha procedido a la «exclusión total» de USO. «Simplemente se ha argumentado que, a la vista de las solicitudes recibidas y de los recursos disponibles, no ha sido posible su aprobación», añade.
Según critica USO, las organizaciones solicitantes y a su vez miembros del Patronato «han afinado la cuantía de sus proyectos al céntimo hasta llegar a la cantidad límite presupuestada».
De hecho, de acuerdo con sus cuentas, de los 19,3 millones de euros de presupuesto, CC.OO. se ha quedado con el 26%, UGT con otro 26%, la patronal con el 47%, y la CIGA, con el 1%.
«Desde USO denunciamos que desde la Fundación no se tienen en cuenta criterios como la calidad o la necesidad de los proyectos para asignar los recursos. La prevención, un derecho de los trabajadores, no un privilegio de las organizaciones», subraya USO.
El sindicato ha pedido al Ministerio de Trabajo e Inmigración y al Congreso de los Diputados que «fiscalicen y velen» por que los fondos públicos destinados a la seguridad y salud laboral y gestionados por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales se distribuyan realmente bajo los principios de «transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación».
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