RRHH Digital. El ‘Informe económico del presidente del Gobierno 2010’ recoge entre sus propuestas para abordar la reforma de las políticas activas de empleo que, para aumentar su relación con las políticas pasivas, las prestaciones por desempleo «deberían vincularse al menos parcialmente» al cumplimiento efectivo de los itinerarios personalizados de empleo, como cursos de formación.
El anterior ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, planteó esta idea similar el pasado mes de agosto, si bien el único cambio que se realizó en esta línea fue una disposición añadida a la Ley de Reforma Laboral aprobada por el Parlamento en septiembre que reduce de 100 a 30 días el ‘periodo de gracia’ del que disponen los parados para rechazar cursos de formación sin ser penalizados.
El documento, presentado este mediodía por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y elaborado por la Oficina Económica de Moncloa, que dirige Javier Vallés, hace especial hincapié en la reforma de las políticas activas de empleo, que el Ejecutivo quiere ver aprobada este mismo mes de enero, y a la que dedica uno de sus cuatro capítulos.
En este sentido, advierte de que los requisitos de consolidación fiscal de la fase económica actual hacen imposible «a corto plazo» reforzar estas políticas con nuevos recursos, por lo que las actuaciones deben centrarse «en un mejor uso de los ya existentes».
COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Asimismo, plantea que se revise significativamente el catálogo de programas de empleo que se pone a disposición de las personas desempleadas, incorporando programas más innovadores y «adaptados a la realidad actual del empleo», liberando los recursos de aquellos menos efectivos.
Así, plantea una necesaria revisión en profundidad de los actuales programas de empleo ampliando aún más el número de orientadores y la elaboración de itinerarios personalizados, pero también propone «programas piloto» de colaboración público privada para que las empresas se puedan ocupar de colectivos «con especiales dificultades» de empleo, siendo retribuidas por cumplimiento de objetivos.
El informe ve previsible «a largo plazo» que las bonificaciones a la contratación continúen perdiendo peso en el conjunto de las políticas activas de empleo, con el establecimiento de criterios cada vez más restrictivos en cuanto a los colectivos bonificados.
También plantea la necesidad de revisar en profundidad la oferta formativa existente para ajustarla a las «necesidades reales del mercado laboral», con «atención particular» a los jóvenes desempleados de baja cualificación. Además, reclama un sistema de evaluación de calidad de los cursos de formación y su eficacia.
ESTRATEGIA NACIONAL DE EMPLEO
Por último, afirma que se debe establecer un «nuevo modelo de gobernanza» para la totalidad del sistema de políticas activas de empleo que permita conjugar la competencia normativa del Estado con la de las comunidades autónomas, fijando objetivos a cumplir por parte de estas últimas a través de una «Estrategia Nacional de empleo».
De esta forma, propone una «carta de servicios básicos» para los servicios públicos de empleo, con un «protagonismo especial» de los desempleados, para los que pide que se definan unas «pautas uniformes de asistencia».
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