RRHH Digital. Tras varios aplazamientos, el próximo 26 de enero tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 1 la vista por un accidente laboral ocurrido en 2005 que causó graves perjuicios a un trabajador de obra. Los hechos se remontan al 14 de abril del citado año, cuando Bienvenido P. R. se encontraba prestando sus servicios en la construcción de una promoción de VPOs en Puertas del Sur empleado por la empresa Jerecom, que había sido subcontratada a su vez por la firma Coprasa.
Junto a un compañero, la víctima permanecía en el hueco de una futura piscina extendiendo un relleno cuando se produjo un desprendimiento de tierras que le dejó parcialmente sepultado. Ello fue fruto de la actividad de una tercera persona, que utilizando una retroexcavadora echó un par de palas de zahorra en la parte más profunda de la estructura, justo donde Bienvenido estaba ubicado, y al alejarse por un lateral ocurrió el percance.
En el escrito de calificación de la Fiscalía, al que este medio ha tenido acceso, se considera que no se utilizaron las medidas preventivas necesarias, empezando por que no se dio el talud adecuado a las paredes de la excavación, lo que era imprescindible teniendo en cuenta las características del suelo. Además, tampoco se impidió la existencia de maquinaria en movimiento en la parte de mayor altura de cota del terreno, donde se produce el desprendimiento de tierras, sin respetar la distancia de seguridad legal.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal imputa a cinco personas un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave. En concreto, se trata de Antonio F. B, técnico y jefe de obra de Jerecom; Nieves G. M, jefa de obra de Coprasa; Juan Pedro H. C, jefe de seguridad de Coprasa; Abel S. R. y Juan José L. C, ambos coordinadores de seguridad de la obra.
Según el citado escrito, como consecuencia del accidente el obrero sufrió una fractura completa del fémur izquierdo, que tardó en curar más de un año y le impidió realizar su actividad habitual. Bienvenido fue intervenido con enclavado intramedular y posterior tratamiento de rehabilitación, sin obviar asistencia psiquiátrica. Las secuelas que le han quedado se resumen en dolor y cojera, así como perjuicio estético.
Por los delitos anteriormente mencionados, el fiscal pedirá penas de un año y cuatro meses de prisión, más la inhabilitación de cualquier tarea relacionada con la construcción durante un año y una multa de ocho meses a razón de 12 euros diarios. Las acusados también deberán indemnizar a la víctima, según el Ministerio, con 40.053,76 euros, respondiendo de modo subsidiario las empresas que representan.
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