Recursos Humanos Digital. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha avanzado que el Gobierno prevé poner en marcha a mediados de febrero una medida que contempla la reducción de jornada de al menos un 50% o la suspensión de contrato de trabajo a tiempo completo o parcial para los padres de niños con enfermedades graves.
En rueda de prensa en el Ministerio de Trabajo, Granado ha explicado que esta propuesta –incluida en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011– se desarrollará mediante un decreto de desarrollo reglamentario que será publicado en el BOE aproximadamente dentro de dos meses. No obstante, la medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, fecha de entrada en vigor de los PGE.
Esta normativa, que recoge una petición de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, contempla una duración máxima de hasta 24 meses y una retribución económica, cuya cuantía sería del 100% de una base reguladora «de forma similar» a la protección por maternidad. Asimismo, estaría destinada únicamente para casos en los que ambos progenitores trabajen, además de contar con un periodo de cotización previa «suficiente».
Según ha detallado Granado, el objetivo del ministerio era el de introducir el desarrollo en el Senado, pero el veto de varios partidos a los PGE no posibilitó el debate. Este retraso ha impedido, entre otras medidas, el ‘blindaje’ de los padres que se acojan a la iniciativa, para que no puedan ser despedidos. No obstante, el secretario de Estado ha adelantado que «no estará en contra de garantías suplementarias» en el futuro.
BONIFICACIONES A EMPRESAS
Asimismo, el estudio de la Fundación Mujer, Empleo y Trabajo en el que se basa la iniciativa incluye posibles bonificaciones a las empresas que celebren contratos de interinidad para sustituir a estos trabajadores, hasta bonificaciones del 100% en algunos casos en las cuotas empresariales de la Seguridad Social.
En este caso, se propone que la solicitud por parte del padre cuente con bonificaciones en la cotización para el empresario, a diferencia de la solicitud de la madre, «con el fin de mejorar las políticas de conciliación y solventar la discriminación positiva».
Las estimaciones de diversas fuentes sanitarias sitúan en aproximadamente 3.000 familias al año que se ven afectadas por enfermedades graves en los niños. De esta cifra, casi la mitad –en concreto, 1.300– son familias de niños con cáncer, según ha señalado una de las impulsoras de la propuesta, la oncóloga pediatra del Hospital Universitario Madrid Montepríncipe Blanca López-Ibor.
Por otro lado, debido a la dificultad para clasificar este tipo de enfermedades, Granado ha resaltado la intención del Gobierno de establecer un «catálogo definido» de enfermedades graves, aunque «sin perjuicio» de una revisión posterior «de forma flexible».
«TIEMPOS ORIENTATIVOS»
La duración de la prestación se establecerá con un base en el informe médico del especialista, si bien la Fundación Mujer, Familia y Trabajo ha avanzado la preparación de un cuadro con «tiempos orientativos» para las distintas enfermedades. Respecto a este plazo máximo establecido, López-Ibor ha incidido, por ejemplo, en que los tratamientos para niños con cáncer están «muy estandarizados» y permiten saber cuánto tiempo durará la cura.
Tanto la fundación como el secretario de Estado han insistido en la «delicada situación» en la que se encuentran algunos padres que deben compatibilizar su trabajo con este tipo de enfermedades en sus hijos. «La Seguridad Social no puede tener retrasos porque a nuestros expedientes les ponemos cara», ha afirmado Granado.
En esta misma línea, la presidenta de la fundación, Gloria Juste, ha aludido al «problema grave» de los últimos años para algunas familias que no podían cuidar de sus hijos, mientras que López-Ibor ha celebrado la puesta en marcha de una norma que «realmente recoge un derecho del niño: el tener a sus padres».
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