Trabajo quiere tocar la edad mínima de prejubilación

RRHH Digital. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha asegurado que elevar el periodo de cálculo de la pensión de 15 a 20 años generaría un ahorro casi «inexistente», al tiempo que ha admitido que el Gobierno buscará fórmulas para elevar la edad mínima para acceder a la prejubilación, actualmente en 52 años.

En un encuentro con los medios, Granado ha recordado que España se ha situado como el país con el menor periodo de cómputo después de los cambios que ha efectuado Grecia, puesto que casi todos los países de la Unión Europea han situado este límite entre los 25 años y toda la vida laboral.

A su parecer, es una «barbaridad» que España discuta si hay que elevarlo o no cuando se trata de una iniciativa muy asociada a la maduración de un sistema de pensiones que permite que los ingresos y gastos circulen de forma «más paralela», tal y como ha ocurrido en otros países.

Además, Granado ha explicado que es necesario «hacer algo» en el terreno de las prejubilaciones buscando fórmulas que permitan que la gente pague el salir antes del mercado de trabajo de lo que establece la edad legal de jubilación, actualmente fijada en 65 años.

Este último punto ha sido uno de los principales escollos del Pacto de Toledo, que ha decidido incluir en sus recomendaciones una mención expresa para remarcar que no existe acuerdo sobre la edad legal de jubilación en el seno de la Comisión.

El Gobierno, en cambio, no ha tomado aún una decisión concreta, pero cree que hay que desplazar la edad de jubilación para que la gente pueda prolongar su permanencia en el mercado de trabajo, también de forma voluntaria. «Sería muy difícil prolongar la vida laboral sin desplazar este límite», ha dicho.

En este sentido, ha explicado que el Estatuto de los Trabajadores permite a los empresarios jubilar a un trabajador de 65 años que quiera seguir trabajando a través de una cláusula que está presente en el 90% de los convenios colectivos. Esto provoca que la edad real de jubilación no pueda progresar por voluntad de los empresarios y la única forma de modificarlo es ampliando la edad legal de jubilación.

Granado ha puesto algunos ejemplos y ha asegurado que si se amplía la edad de jubilación a 66 años el empresario tendrá que indemnizar a todos aquellos trabajadores a los que quiera despedir a los 65 años, algo que no ocurre en la situación actual.

Aún así, ha insistido en que el Gobierno no ha tomado una decisión concreta en este sentido, pese a que tiene «muy claro» el criterio, que pasa por hacer el sistema «más flexible». De hecho, no ha querido poner cifras a las intenciones del Gobierno porque hay muchas fórmulas para prolongar la vida laboral y porque primero hay que hablar con los agentes sociales.

RECOGER EL ESPÍRITU DEL PACTO DE TOLEDO

Además, ha asegurado que, pese al desacuerdo del Pacto de Toledo sobre este punto, la propuesta que finalmente se incluya en el proyecto de ley que aprobará el Gobierno el próximo 28 de enero pude recoger «perfectamente» el espíritu de las recomendaciones de la Comisión y hacerlo «compatible» con las ideas del Ejecutivo.

En este sentido, ha explicado que la falta de consenso de ayer era «lo esperado», tal y como ya ha ocurrido con otras reformas de las pensiones que han supuesto cambios en el sistema que no estaban incluidos en las recomendaciones de la Comisión. A su parecer, el Pacto de Toledo es un «cuadro» que pinta un «horizonte», mientras que la ley que elabora el Gobierno es la «autopista» que lo atraviesa.

Aún así, ha garantizado que el Gobierno intentará ser «respetuoso» y seguir los criterios fijados por la Comisión en los asuntos de «mayor calado», puesto que una de las principales misiones del Pacto de Toledo es fijar criterios que sirvan tanto a los gobierno del PSOE como a los del PP a la hora de legislar para evitar cambios por la alternancia política.

CAMBIOS EN LA PENSIÓN MÁXIMA DEL SISTEMA

En cuanto a otros posibles puntos de la reforma del sistema de pensiones, Granado se ha referido al límite para acceder a la pensión máxima, actualmente fijado en 35 años de cotización. Se ha barajado la posibilidad de que el Gobierno amplíe este límite a 40 años, aunque Granado no ha querido dar cifras y se ha limitado a decir que esta iniciativa sería la que menos ahorro supondría.

Sobre si hay que tocar o no la pensión máxima del sistema, que está por encima de los 30.000 euros al año, Granado ha dicho que «hay que ver qué se hace» en este sentido porque el nivel es bajo, pero supone una garantía para la sostenibilidad.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de compatibilizar la pensión con la recepción de un salario, el secretario de Estado de la Seguridad Social ha resaltado la necesidad de crear una «regulación homogénea» en este sentido, aunque ha considerado «un disparate» la idea de que España se acerque a un sistema «a la portuguesa» en el que los jubilados trabajen.