RRHH Digital. La secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, afirmó este martes que el Gobierno no va a «tocar» las causas de despido en el desarrollo de la reforma laboral.
En su intervención en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, Rodríguez subrayó que «no vamos a tocar sus causas, porque están ya reguladas en la reforma laboral».
No obstante, añadió que el Ejecutivo será «especialmente exigente» en los modos y las fórmulas por las que los empresarios acreditan cumplir con los requisitos para justificar el despido de un trabajador.
Asimismo, señaló que el Gobierno dará una «importancia crucial» a los planes de acompañamiento social que las empresas hagan a los trabajadores afectados por la extinción de su contrato, así como los compromisos de recolocación y atención especializada en la búsqueda de un nuevo empleo.
Por otro lado, Rodríguez aseveró que el Gobierno «no va a dar marcha atrás en el proceso de reformas», ya que considera que el país «necesita un cambio de modelo económico, productivo y en el mercado de trabajo».
Así, explicó que el primer cometido del Ejecutivo será la reforma de las políticas activas de empleo, con el objetivo de «atender a más personas y atenderlas mejor». Además, apuntó que hay que atenderlas igual «en todo el territorio de nuestro país».
Para lograrlo, el Ejecutivo incorporará a los servicios públicos de empleo un total de 1.500 nuevos orientadores a partir del mes de febrero.
A esta medida se sumará el 31 de diciembre el inicio de la acción de las agencias privadas de colocación, «que se sumarán a los esfuerzos» de los servicios públicos de empleo. «Hoy, con más de cuatro millones de personas en situación de desempleo, en la tarea de encontrar un trabajo a quien no lo tiene no sobra nadie», dijo.
Otra de las reformas que en esta materia afrontará el Ejecutivo será la de la negociación colectiva, donde espera poder contar con un acuerdo entre las organizaciones sindicales y empresariales.
En este sentido, la secretaria de Estado aseguró que cree «firmemente» en el diálogo social entre sindicatos y patronal, pero añadió que «con la misma firmeza» considera que el Gobierno «no puede abdicar de la responsabilidad de gobernar», por lo que reiteró que aprobará la reforma aunque no haya acuerdo entre los agentes sociales.
Aseguró que está dedicando y dedicará en el futuro todo su esfuerzo a reconstruir el diálogo social, y agregó que el Ejecutivo «hoy por hoy no contempla la falta de acuerdo de los agentes sociales».
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