RRHH Digital. El comité de empresa de Santana Motor y la dirección de la automovilística ubicada en Linares (Jaén) han llegado a un acuerdo para la prórroga del actual expediente de regulación de empleo (ERE) en 2011 a la espera de que se concreten los planes industriales, de los que el comité espera tener más información tras el consejo de administración de este viernes en Sevilla.
Según ha explicado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Pedro Gálvez (CCOO), el acuerdo se alcanzó este jueves y cuenta con el visto bueno de los cuatro sindicatos que forman parte del comité.
La medida, según ha detallado, se desarrollará durante 235 días del próximo año y mantiene las mismas condiciones del ERE de 2010, como ha informado Diario Jaén, con el 86 por ciento del salario bruto y el cien por cien de la paga extra y de las vacaciones que generen por las jornadas trabajadas.
La aprobación por parte de las centrales sindicales responde, según ha destacado Gálvez, a la voluntad de facilitar la entrada de nuevos inversores, ya que cualquier proyecto industrial que pueda llegar a la factoría linarense necesitará de un determinado tiempo para poder ponerse en marcha, mientras sigue sin haber carga de trabajo.
En este sentido, ha aludido al consejo de administración de Santana, de la que la Junta es accionista mayoritaria, que se celebra este viernes en Sevilla. «Esperamos que se despejen todas las dudas», ha destacado el presidente del comité en alusión a los planes industriales que puedan garantizar la actividad en Santana, tanto en lo que a Iveco y su opción de compra hasta final de año se refiere, como a la llegada de nuevos socios de los, que sin embargo, hasta el momento apenas se ha ofrecido información.
Junto a la situación de la automovilística, Gálvez ha querido trasladar el «apoyo» de la sección sindical de CCOO en Santana Motor «a los compañeros» del servicio de limpieza de la Residencia Mixta de Personas Mayores de Linares, despedidos porque la empresa que era adjudicataria, Liserman, y la Delegación de Igualdad y Bienestar Social no llegaron a un acuerdo para la renovación del contrato.
«Reprochamos a la dirección del centro que las cosas no se pueden hacer peor y también a la Junta, que tiene responsabilidad. Ahora están con el litigio de quien abona el pago y después de haber trabajado en algunos casos casi 30 años ése es el trato que reciben», ha criticado.
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