RRHH Digital. CCOO saluda el proceso iniciado por el Gobierno para adaptar la legislación española en materia de sanidad, igualdad de oportunidades, empleo etc, a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad que entró en vigor en mayo de 2008, y realiza una aportación sustancial y cualitativa, que conviene resaltar, como es la de situar la atención a la discapacidad en el marco de los derechos humanos, superando el sesgo asistencial que persiste en las políticas públicas y privadas. Sin embargo considera que avanzar en derechos sociales y laborales de las personas con discapacidad, no será posible mientras el Gobierno persista en una política económica enfocada en exclusiva a la reducción del déficit en plazos inasumibles y al recorte del gasto social debilitando derechos sociales y laborales, mientras se abandonan los estímulos públicos destinados a dinamizar la actividad económica y la generación de empleo.
Tampoco se podrán conseguir estos objetivos mientras el conjunto de las administraciones reduzcan las partidas presupuestarias destinadas a gasto público educativo para garantizar la igualdad de oportunidades y las reservadas a programas de servicios sociales y atención a la dependencia para promover la calidad de vida y la participación social.
La ratificación del Gobierno de la resolución adoptada por la Convección de la ONU debería corregir los desequilibrios existentes entre unas normas avanzadas en sus proclamas y unas prácticas políticas que no acaban de abandonar el sesgo asistencial y graciable, dada la insuficiencia de medios y recursos que se destinan con una falta de concreción de los objetivos grandilocuentes que se expresan. En este sentido CCOO viene manifestando insistentemente a los diferentes gobiernos que avanzar en la consecución del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, pasa por situarlas en el seno de la Concertación Social y por el abandono de las políticas de gestos, diseñadas al margen de los agentes sociales y cuyos resultados son escasamente relevantes, mientras persisten y se cronifican las barreras que impiden a las personas con discapacidad el acceso al mercado ordinario de trabajo y la mejora de la calidad de las condiciones laborales y salariales del empleo protegido.
Urge, por tanto, opina CCOO, el cumplimiento de compromisos ya tomados por el Gobierno con los agentes sociales en 2006, para evaluar el impacto real que están teniendo sobre el empleo las medidas vigentes y reorientar el diseño y adecuación de las mismas promoviendo un mercado de trabajo inclusivo y normalizado y un empleo protegido que recupere su función de procurar y acompañar los procesos individuales de inserción al mercado de trabajo, porque la ratificación de la Convención de la ONU conlleva necesariamente actuar sobre la regulación laboral incidiendo de manera inequívoca en posibilitar este tránsito del empleo protegido al empleo ordinario, adecuando y dotando estos procesos con las medidas de apoyo que sean necesarias. El derecho al trabajo de las personas con discapacidad no puede seguir situándose en el terreno de la filantropía y el voluntarismo por parte de administraciones y empresas.
Persiste año tras año la baja tasa de actividad de las personas con discapacidad que según los últimos datos del INE se sitúa en el 35’4%, permaneciendo en cifras próximas al 50% de la tasa de actividad general del conjunto de la población. Una diferencia que a juicio de CCOO también pone de manifiesto la insuficiencia de medidas eficaces para eliminar las barreras arquitectónicas, formativas y de comunicación que perduran en nuestra sociedad.
Este año CCOO quiere poner de relieve que las políticas sectoriales para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad necesitan mayores compromisos financieros y cambios cualitativos en su conceptualización. Más allá de lo aparentes que puedan resultar las medidas puntuales y parciales que se adoptan, es engañoso desligarlas de los efectos negativos de la política económica, social y de empleo que está ejecutando el Gobierno y que a juicio de CCOO no solo retrasan la salida de la situación de crisis en la que estamos inmersos, sino que además suponen un debilitando de Bienestar, al renunciar a mayor inversión en gasto social y al impulso económico y de creación de empleo que las administraciones debieran realizar desde el sector público, ampliando y mejorando los sistemas de bienestar que garantizan derechos y promueven sociedades más justas y cohesionadas en todos los ámbitos.
Porque otra política es posible, CCOO llama a todas las personas comprometidas con los derechos de ciudadanía y de empleo de las personas con discapacidad a participar en la movilización convocada por CCOO y UGT para el próximo día 18 de diciembre, para que el Gobierno atienda las propuestas sindicales y tome medidas que hagan reversible una reforma laboral que abarata y facilita el despido, que garanticen la protección de las personas que pierden empleo y prestaciones, que prioricen la reactivación económica y la creación de empleo, que eviten una reforma regresiva de las pensiones y que refuercen los servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales de dependencia, como pilares clave del Estado de Bienestar.
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