Recursos Humanos Digital. Para Antonio Jiménez, secretario general de UGT en la Región de Murcia, el objetivo de esta reivindicación es concebir el periodo de gestación «como riesgo laboral y exigir una serie de medidas preventivas como la adaptación del puesto de trabajo, el cambio del mismo o la suspensión del contrato de trabajo y la percepción de una prestación económica».
En la actualidad, «la aplicación practica de estos preceptos legales tropieza, en ocasiones, con la barrera de intereses irresponsables de empresarios y mutuas. Se trata de una circunstancia que termina provocando una situación de indefensión en la mujer embarazada, además de riesgos para su salud o la del feto», añadió en rueda de prensa.
IDENTIFICAR LOS RIESGOS ESPECÍFICOS
Tomás Pérez Fuentes, director del Instituto de Seguridad y Salud de la Región de Murcia, ha asegurado que, en sus evaluaciones de riesgos, «las empresas deben tener identificados los riesgos específicos de un determinado puesto o centro de trabajo, como es el caso de determinadas sustancias químicas o agentes físicos o biológicos, y comunicárselo a las trabajadoras».
«La ley de prevención de riegos laborales -señaló- establece la necesidad de evaluar las condiciones especiales de estas trabajadoras y la obligación del empresario de adaptar el puesto de trabajo a su condición, de manera que las condiciones del puesto de trabajo no afecte ni a la embarazada, ni al feto, ni al lactante, ni a al generación de la lactancia».
Por su parte, la secretaría de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cambio Climático, María Salud Marín Torrecillas, ha manifestado que trabajo y embarazo «han de ser esferas de la vida personal de una mujer compatibles. Para ello es necesario que la actividad laboral se lleve a cabo en condiciones que lo posibiliten con rigurosa aplicación de la normativa que la protege y con la garantía de los empresarios».
Sin embargo, para la secretaría de UGT la realidad es otra. «Lo que el legislador pretendía ampliando el tratamiento de estos supuestos se ha traducido en un recorte de derechos de las trabajadoras», señaló.
Según Marín Torrecillas, «el hecho de que las mutuas asuman la gestión del reconocimiento y pago de este tipo de prestaciones ha consolidado una tendencia a dilatar y denegar su reconocimiento, hasta el punto de que la mayoría llegan en los meses finales del embarazo, con los consiguientes riegos que esto conlleva».
«Con demasiada frecuencia -continuó- las trabajadoras se encuentran indefensas ante la denegación del reconocimiento. Esto genera episodios de ansiedad, depresión o inseguridad, que no favorecen la paz y el sosiego que se necesitan en estos periodos de gestación o lactancia».
Desde UGT creen que uno de los principales motivos de esta problemática lo constituye la falta de una adecuada evaluación de riesgos del puesto de trabajo. Sin esta referencia previa, explican «no se podrá acudir a la adaptación del puesto ni valorara acertadamente la procedencia o no del reconocimiento de la situación de riesgo».
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