RRHH Digital. El alcalde de Abarán, Antonio Eugenio Gómez, ha adelantado que desde los servicios jurídicos del Consistorio «recurrirá la sentencia judicial que le responsabiliza de acoso laboral a un funcionario municipal, pelando a su resolución definitiva en segunda instancia».
En este sentido, fuentes municipales han dejado claro que la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Murcia, con fecha de 18 de noviembre, «no es firme», por lo que, han advertido, «cabe la posibilidad de apelación a la misma».
En concreto, en dicha sentencia se acusa al alcalde de Abarán y al concejal de Personal, José Gómez, de ser «responsables y promotores de una situación de grave acoso laboral» a un funcionario del Ayuntamiento durante casi tres años y medio.
La sentencia, según fuentes de UGT, recoge que el Consistorio ha incurrido en una vulneración de los derechos a la dignidad y propia imagen del trabajador al que se debe reponer, en su ubicación y funciones, en la Oficina Técnica Municipal.
Los hechos se fundamentan en que, siguiendo las instrucciones del alcalde y del concejal de Personal, «se apartó al funcionario de su puesto de trabajo en la Oficina Técnica Municipal como técnico de Gestión, trasladándole a otro edificio separado de sus compañeros».
De este modo, según las fuentes, «no se le atribuyó tarea alguna (salvo cuatro informes) durante los tres años y medio que duró el vaciamiento de funciones, se le confiscó y se registró su ordenador de trabajo clandestinamente entrando dentro de su intimidad, y se le abrió un expediente disciplinario para expulsarlo del Ayuntamiento, en base al supuesto contenido del PC, sin más motivo que el no ser grato a los intereses de los acosadores».
En opinión del secretario general de la Unión Comarcal de la Vega del Segura de UGT, Teodoro Canovas, «el desencadenante de la situación de acoso y maltrato fueron las denuncias que el funcionario realizó ante el propio Ayuntamiento y Fiscalía en el año 2007 sobre presuntas irregularidades en el cobro de retribuciones supuestamente cometidas por personas protegidas y amparadas por la actual Corporación, que actualmente están siendo objeto de investigación en los juzgados de Cieza».
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