RRHH Digital. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha anunciado que propondrá a los portavoces del Pacto de Toledo un «calendario intenso» para «acelerar» los trabajos de la comisión parlamentaria en el mes de diciembre, con la previsión de que antes de final de años se cierre un acuerdo de todos los grupos parlamentarios «sin excepción».
En declaraciones a los periodistas tras asistir al acto de renovación de Marcos Peña como presidente del Consejo Económico y Social (CES), Gómez ha explicado que la reunión que ayer martes tuvo en el Congreso con los representantes de los grupos tiene con objeto «poner todas las piezas» para lograr este objetivo, al que el Ejecutivo «colaborará en la medida de sus posibilidades».
A su juicio, después de alcanzado acuerdos en 1995, 2000 y 2005, con gobiernos tanto socialistas como del PP, «no hay ninguna razón» para que no se consiga en 2010, que es «cuando más se necesita» un pacto para reformar el sistema de pensiones.
La reunión, que servirá para que Valeriano Gómez conozca a los diputados tras las semanas de «mucha intensidad de trabajo» desde que accedió al cargo, el pasado 20 de octubre, tendrá lugar en la Cámara Baja, después de que el ministro intervenga en el debate ante el Pleno de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, defendiendo las cuentas de su departamento.
DEFIENDE EL «SACRIFICIO» DE LA CONGELACIÓN DE PENSIONES
Aunque Gómez ha señalado que es «consciente» de la dificultad de alcanzar «en estos momentos» un acuerdo en el Pacto de Toledo debido a la congelación de las pensiones contributivas en 2011 y después de que el Gobierno vetara la tramitación de iniciativas de la oposición, incluyendo varias enmienda a los Presupuestos que pedían la derogación de esta medida, ha defendido que todos los españoles «están haciendo sacrificios» de su poder adquisitivo ante la crisis.
«Todos estamos haciendo sacrificios para que sea posible transitar de la forma más corta en este periodo», ha incidido el ministro, quien ha asegurado que se trata de un «esfuerzo común» que afecta por igual a pensionistas, funcionarios y trabajadores del sector privado.
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