El diálogo con sindicatos y empresarios para reformar las políticas activas comenzará la próxima semana

RRHH Digital. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha avanzado que el diálogo con sindicatos y empresarios para reformar las políticas activas comenzará la próxima semana, tras una primera reunión, sólo con CC.OO. y UGT, que se celebrará este viernes. Los contactos con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de ejecución de las políticas activas, también se iniciarán la semana que viene.

«Lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo general con las comunidades autónomas y, en paralelo, con los agentes sociales, con el objetivo de llegar a finales de enero o principios de febrero con este asunto relativamente resuelto», ha dicho el ministro, que ha precisado que luego se llevará la norma resultante al Parlamento para que sus efectos empiecen a notarse ya en 2011.

Gómez, en declaraciones a la cadena Cope, ha explicado que el desarrollo de un nueva política activa de empleo «es la consecuencia lógica de la reforma laboral». El ministro ha señalado que durante la crisis España ha mostrado una «buena capacidad de respuesta» para proteger a los desempleados, y ha dicho que lo que toca ahora es «dinamizar» más la actuación de los servicios públicos de empleo.

Gómez ha precisado que los servicios públicos de empleo tienen que atender individual y personalmente a los desempleados, que deben mejorar también su cualificación profesional con más formación.

Preguntado por dónde saldrán los recursos para acometer esta reforma, el ministro ha señalado que no hará falta gastar más, sino mejor. Así, ha explicado que anualmente se gastan en España 30.000 millones de euros en proteger a los desempleados y 8.000 millones en políticas activas, una cantidad importante que ahora se distribuirá de una manera más eficaz para activar a los parados y darles una salida hacia el mercado laboral.

Dentro de esa redistribución de los recursos que se dedican a políticas activas, la reforma pretende destinar menos recursos para la formación de ocupados y más para la de los desempleados, al revés de lo que se hizo en la primera legislatura, cuando había menos paro.

Asimismo, dentro de esos 8.000 millones de euros, casi 3.000 millones se destinan a bonificaciones a la contratación, y aquí, el ministro cree que hay que gastar este dinero mejor, pues «buena parte de la contratación seguramente se produciría» sin bonificación.

Además, Gómez ha señalado que «se gasta demasiado dinero» en los programas de escuelas taller y en convenios del antiguo Inem con las corporaciones locales, que son en realidad convenios que facultan a los parados para adquirir cualificaciones en oficios que no tienen futuro en España.

«QUE LOS DESEMPLEADOS NO PIERDAN EL TIEMPO».

El titular de Trabajo ha asegurado que el Gobierno no puede perder tiempo para hacer que los desempleados «tampoco pierdan el tiempo cuando estén en el paro», de forma que los servicios públicos de empleo construyan para ellos un itinerario razonable. Gómez también ha indicado hay una parte del desempleo que quizá con más movilidad laboral podría desaparecer progresivamente.

Gómez ha recordado que la salida de la crisis «va a ser más lenta» que en otras épocas de difícil situación económica por el endeudamiento excesivo, por el bajo consumo interno y por la profundidad misma de la crisis, y ha reiterado que la economía empezará a crear empleo neto en la segunda parte de 2011.

«En España tres de cada cuatro empleos se han perdido en la construcción. Hemos pagado los excesos del pasado con esta crisis y estas personas tienen que encontrar empleos alternativos y eso llegará cuando se recupere el pulso de la economía», ha subrayado.

Respecto al desarrollo que se dará en el reglamento de la reforma laboral a la previsión de pérdidas para que las empresas puedan recurrir al despido objetivo, Gómez se ha mostrado convencido de que el regulamento permitirá clarificar lo que dice la norma.

«No sabemos cómo se puede acreditar esa situación de pérdidas previstas y no podemos dejar años para que lo determine la Jurisprudencia. Un desarrollo adecuado de éstas y otras cuestiones previstas en la reforma puden ayudar a clarificar más la reforma y a lograr más complicidad de los agentes sociales», ha añadido.