Llaman a derrotar los recortes presupuestarios en educación con la movilización social

RRHH Digital. El Sindicato de los Trabajadores/as de la Enseñanza Asamblearios de Canarias denuncia que los presupuestos de la Comunidad para el año 2011 reducen considerablemente la partida destinada a educación, lo que restringirá aún más el nombramiento de profesorado a curso completo, no se cubrirán sustituciones, ni se atenderá de modo adecuado la diversidad, alumnado con necesidades especiales quedará desatendido, continuarán desmantelamiento la FP y se impide el acceso a ciclos formativos a miles de jóvenes… lo que agravara la situación de la educación pública canaria.

El sindicato asambleario de la enseñanza exige la corrección inmediata del proyecto, la dotación suficiente de recursos para atender la demanda social y considera que otras medidas de ahorro son perfectamente posibles: reducción de retribuciones de parlamentarios, miembros del Gobierno, de la Policía autonómica, de la radio y televisión canaria, de los conciertos sanitarios y educativos,…

También es, no solo posible sino de un sentido elemental de justicia, recuperar los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones sobre las grandes fortunas. O la derogación de la RIC, cuyos recursos pueden bastar para atender las necesidades en Educación y Sanidad, y crearían empleo.

EA-Canarias considera que en estos momentos es una pérdida de tiempo el intentar convencer a los parlamentarios de la cámara autonómica que cambien las decisiones adoptadas con el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad autónoma de Canarias para el 2011. Unos, porque pertenecen a los grupos parlamentarios que han elaborado los presupuestos autonómicos (PP y CC) y otros, (PSOE) porque ya son participes de un recorte en educación de un 8´1 % en los Presupuestos Generales del Estado, y que además tienen una “deuda” con CC al haberlos apoyado en la aprobación de los citados PGE.

Por ello, considera necesaria poner de forma urgente y en primer término una respuesta social en la calle para enfrentar las restricciones presupuestarias que afectan a los derechos laborales y al funcionamiento de servicios públicos como el de educación.