Más del 90% de las administraciones incumplen la Ley de Morosidad

Recursos Humanos Digital. Más del 90% de las administraciones públicas incumplen la Ley de Morosidad, aprobada en 2010, y por la cual deben pagar en un periodo máximo de 55 días a sus proveedores, un retraso en los pagos que afecta junto con la morosidad privada, a un 64% de los autónomos y que podría hacer que 100.000 de ellos cesaran su actividad en 2011, según ha informado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

«De los 34.000 millones que deben las administraciones públicas, un 35% corresponde a autónomos y empresas, es decir, cerca de 12.000 millones. Por ello, pedimos a estos estamentos que contraten sólo aquellos servicios que pueden pagar», ha destacado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Mediante un estudio, la asociación ha denunciado que el tiempo medio de pago tanto del sector público como del privado en España se fija en 103 días, una cifra sólo superada en Europa por Grecia (125 días) y que está muy por encima de la media europea (62 días). Un retraso que supera incluso los 361 días en el 20,3% de casos en autónomos y microempresas (no más de nueve trabajadores).

Por sectores, las administraciones públicas son quienes más tardan en pagar a empresas y autónomos, con un retraso de 158 días frente a los 67 de media en Europa. Mientras, el periodo medio de pago del sector privado se sitúa en 101 días, cuando en Europa la cifra es de 57 días.

Para ATA, que ha cifrado en 200.000 los autónomos y microempresas que se han visto obligados a cerrar en los dos últimos años, es imprescindible solucionar esta situación cuanto antes. «Con la nueva ley no sólo no se ha conseguido frenar los periodos de pago sino que se han ampliado y de no poner freno en 2011, podrían ser 100.000 los autónomos que cierren», ha asegurado Amor.

MEDIDAS NECESARIAS

Ante el incumplimiento de la ley, la asociación ha reclamado la puesta en marcha de la Línea ICO Morosidad con el fin de que los ayuntamientos puedan hacer frente a las deudas contraídas con los autónomos y las pequeñas empresas. No obstante, ha subrayado que duda de que la propuesta se lleve a cabo pues se incrementaría el déficit público.

Asimismo, ha recalcado la necesidad de elaborar un informe sobre el cumplimiento de la norma y de que se publiquen por parte de los estamentos públicos de manera mensual los libramientos de pago. «Sabemos que hay medianas empresas que cobran y no pagan a las subcontratas, conocer esta información sería de gran ayuda», insistió Amor.

También ha instado al Gobierno Central a autorizar a los consistorios para que puedan refinanciar sus deudas, punto en el que el presidente de ATA ha señalado al Ayuntamiento de Madrid, entre otros, como fuente de impagos a miles de autónomos.

Por último, ha insistido en la posibilidad de que se les permita tributar el IVA una vez se cobren las facturas y no cuando se emiten. «No hay autónomo que pueda soportar adelantar unos tributos de casi un 20% cuando el periodo de pago es de 103 días», ha aseverado Amor, para después pedir a las administraciones públicas una compensación por las deudas, tal como la liberación de pagos a Hacienda o la Seguridad Social hasta el momento del cobro.

LA CONSTRUCCIÓN, EL SECTOR MÁS AFECTADO

Entre los sectores que más se han resentido debido a la ampliación de los periodos de pago, el presidente de ATA ha señalado la construcción y los sectores afines como los más afectados junto con el transporte, la educación y los servicios sociales relacionados con la dependencia.

«Las administraciones públicas deben ajustar sus presupuestos y no seguir gastando para luego no pagar. Los españoles deben saber que muchas de las personas que están en la cola del paro lo están precisamente por el incumplimiento de pagos de las administraciones públicas», ha concluido Amor.