La Responsabilidad Social en las administraciones y entidades públicas

RRHH Digital. La Ley de Economía Sostenible, la primera Ley de RSE de la Junta de Extremadura y la elaboración de la primera memoria de sostenibilidad de un ministerio por parte de Defensa fueron algunos de los temas que se abordaron en las XIX Jornadas Corresponsables ‘La RSE y la sostenibilidad en las administraciones y empresas públicas’. Un evento, coorganizado por la editorial MediaResponsable y KPMG, que reunió en el Hotel Palace de Madrid a más de 275 asistentes procedentes muchos de ellos de las administraciones y entidades públicas.

El acto contó con el apoyo de Aena, Correos, FCC, Renfe, Tragsa y del Ministerio de Defensa. La inauguración institucional corrió a cargo de Constantino Méndez, secretario de Estado de Defensa y Juan José Barrera, director general de RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Méndez puso en valor la memoria de sostenibilidad que ha editado el Ministerio de Defensa, la primera a nivel ministerial: “Puede ser paradójico que sea el Ministerio de Defensa frente a otros ministerios más comprometidos con las políticas sociales. Pero no lo es tanto porque la Defensa es un bien público en una democracia y su actividad tiene un grandísimo impacto social”.

Por su parte, Barrera abordó en su  intervención la Ley de Economía Sostenible: “Ya no sólo es un proyecto, porque se están debatiendo las enmiendas en el Congreso de los Diputados y va a ser un impulso a la RSE, tanto para las empresas, como para las administraciones públicas, organizaciones sindicales y organizaciones sociales”. Barrera, que valoró muy positivamente para la RSE la llegada de Ramón Jáuregui y de Valeriano Gómez al Gobierno, avanzó también que durante el mes de noviembre o diciembre se reunirá el Consejo Permanente del Consejo Estatal de la RSE.

En la inauguración, participaron también John Scott, presidente de KPMG España y Marcos González, director general de MediaResponsable y editor de Corresponsables.

González incidió en su intervención en el papel que tienen las administraciones públicas en el impulso de la RSE: “Muchas veces se pone en tela de juicio el papel de las administraciones en el mundo de la RSE, pero ya hay buenos ejemplos que se pueden extender a todas las entidades públicas”. González ha destacado la importancia de  la Ley de Economía Sostenible, la primera Ley de RSE de la Junta de Extremadura y también el nombramiento de Ramón Jáuregui como Ministro de la Presidencia como factores de impulso para la RSE.

Scott reveló que “muchas veces falta pasión en el mundo de la RSE, porque se sigue confundiendo como una cuestión de imagen, marketing o comunicación aunque no lo es”. Asimismo, ha asegurado que “la RSE se tiene que aprovechar en términos económicos”.

Buenas prácticas de empresas responsables

Alberto Lafuente, presidente de Correos, dió inicio a la mesa de buenas prácticas de empresas, moderada por José Luis Blasco, socio responsable de Global Sustainability Services de KPMG España. Lafuente destacó que “la empresa pública tiene mucho que decir y hacer acerca de la nueva cultura de RSE”. “Sin embargo -ha añadido-, sería un grave error trasladar miméticamente las reglas del sector privado al público”.

A continuación, intervinieron Maria Luisa Graña, presidenta del Grupo Tragsa, quien se mostró convencida de la importancia de fomentar la RSE desde las empresas públicas. Graña ha manifestado que “en Tragsa, la RSE se interpreta como un elemento diferenciador que permita reforzar tanto la estrategia como la reputación”.

Ángel Luis Arias, director de Planificación y Control de Gestión de Aena, hizo hincapié en la importancia del sector aéreo “tanto en relación a la accesibilidad, a la cohesión territorial y al desarrollo económico” y ha explicado las buenas prácticas que se están llevando a cabo con vistas a obtener “el aeropuerto verde”.

Por su parte, José Manuel Velasco, director general de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de FCC, apeló a las administraciones y entidades públicas a que incidan en los valores: “Necesitamos llevar a cabo un proceso de recuperación de valores. El ejercicio de la ciudadanía implica derechos y obligaciones”. “En FCC pensamos que las obligaciones son dos: convivencia social y medioambiental”, ha añadido.

Finalmente, Jesús Parralejo, director de Comunicación, Marca y Publicidad de Renfe, se mostró partidario de zanjar el debate conceptual entorno a RSC, RC o RSE. Parralejo cree que la RSE se debe impulsar tanto desde una empresa pública como privada. “De lo que se trata es de alentar comportamientos éticos en la gestión empresarial”, ha manifestado.

Buenas prácticas de administraciones públicas

Tras la pausa café, se celebró una mesa con representantes de diferentes administraciones públicas, moderada por Pablo Martín, delegado en Madrid de MediaResponsable.

Marcel Prunera, director general de Promoción Económica del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, presentó el Plan de Responsabilidad Social del ejecutivo catalán “cuya principal virtud es que el compromiso inicial de aunar esfuerzo entre todas las entidades y departamentos ha podido mantenerse”.

María Duran, directora general de RSC del Govern Balear, ofreció un panorama de las acciones que están emprendiendo para la promoción de la RSC, sobre todo en el sector turístico, “las fábricas de las Islas Baleares”. Duran ha incidido en que “la vocación del Govern no es suficiente para implementar la Responsabilidad Social, ya que se necesita también la colaboración de los sindicatos, consejos de administración…”.
giró en torno a la Ley de Responsabilidad Social que “se encuentra en la fase de enmiendas y se publicará en breve”. Fortuna ha calificado la ley de “precipitada”, aunque ha señalado que “era la oportunidad idónea”. “Esta ley será la primera de otras muchas leyes reguladoras de la Responsabilidad Social. Ojalá a nivel estatal nazca una ley de este tipo”, ha manifestado.

Cómo implantar la Responsabilidad Social en organismos públicos

La última mesa, moderada por el director de la Fundación Corresponsables, Fernando Morón, reunió a Carles Campuzano, diputado de CiU y experto en RSE; Jaime Silos, director de desarrollo corporativo de Forética; Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC; y Marta de la Cuesta, profesora titular de Economía Aplicada de la UNED, que dialogaron en torno a la manera de implantar la Responsabilidad Social en los organismos públicos.

Campuzano señaló que “es necesario que cuando el sector público plantee políticas de Responsabilidad Social asuma su propia responsabilidad, porque sino no tienen credibilidad”.

Para Silos, analizar la RSE en las empresas públicas “es complejo”, ya que “nos encontramos en la frontera de lo público y lo privado”. “Las empresas públicas son una deslocalización de servicios públicos, del mismo modo que la empresa privada deslocaliza. Por eso, muchos no sabemos dónde enmarcar a la empresa pública. Lo que está claro es que tiene que servir al interés público”, ha destacado.

Por su parte, Vázquez incidió en que “es difícil tratar a todas las administraciones por igual y que lo que las diferencia del sector privado es su obligación de velar por el interés público”. Por otra parte, ha considerado  que “la Ley de Economía Sostenible ha llegado muy tarde y en un momento en el que el Estado no tiene la mayor capacidad de respuesta posible”.

Finalmente, De la Cuesta afirmó que “la Responsabilidad Social en las administraciones públicas ha avanzado poco y que va por detrás de las empresas privadas”. “Aunque soy optimista, porque poco a poco va avanzando e impulsándose”, ha puntualizado.