La Junta de Andalucía pone en marcha un portal para informar a los empleados públicos del decreto ley de reordenación

Recursos Humanos Digital. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha puesto en marcha un portal para informar y explicar a los empleados públicos del decreto ley 5/2010 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público en la Administración de la Junta de Andalucía, basada en «los principios de transparencia, colaboración y cooperación».

Este portal específico, cuyo enlace desde este viernes se ha colgado en la llamada Web del Empleado Público, incluye una introducción, explica la normativa en ese sentido, e incluye tanto un buzón de sugerencias como un enlace con preguntas y respuestas sobre el decreto ley.

Según indica ese mismo portal, consultado por Europa Press, esta iniciativa «nace con la voluntad institucional de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de ofrecer información corporativa sobre los objetivos institucionales que se pretenden alcanzar mediante la aplicación del decreto ley» y explica que la reordenación se acomete con la «doble vocación» de, por un lado, «adaptar su estructura al nuevo marco legal tras la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Contratos del Sector Público y la adaptación a la Ley de Administración de la Junta de Andalucía; y reforzar el compromiso de la Junta con la sostenibilidad de las finanzas públicas tras la firma del Acuerdo Marco en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

Asimismo, este portal deja claro que, en relación con el personal funcionario que «se fortalece su figura, respetando su voluntad de adscripción y sus derechos adquiridos, y habilitando fórmulas para que las funciones de autoridad que ejerzan las agencias públicas en la prestación de servicios públicos o realización de obra pública, sean desarrolladas en todo caso por funcionarios».

Además, insiste en que la integración en una Agencia pública empresarial «será voluntaria», de forma que «cuando se integre como personal laboral, en su caso, quedará en su cuerpo de origen en la situación administrativa de servicios en entidades del sector público andaluz».

Esta reordenación «mantendrá el reconocimiento en la agencia de destino de la antigüedad en el servicio público» y también se reconocerá el tiempo de servicio en la entidad pública a efectos de méritos.

Asimismo, en relación con el personal laboral, la Junta aclara que a éstos les será de aplicación «el mismo convenio colectivo que les afectaba anteriormente, tanto si procede de una entidad suprimida o si formaba parte del personal laboral acogido al convenio colectivo de la Junta, sin perjuicio de que mediante negociación colectivo se alcance un convenio colectivo único».

Hacienda deja claro que el personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía que se integre en la nueva entidad «sigue siendo personal laboral de Administración General y podrá participar en las convocatorias de concursos de traslado durante los cinco años siguientes a la fecha de integración en la nueva entidad».

NO HABRÁ DESPIDOS

La Junta apuntó que esta reordenación se acometerá «sin que se generen despidos, sino una estricta reordenación y reorganización del sector público».

Destaca además que una importante novedad que incluye este decreto ley es «el reconocimiento de todos los servicios prestados, tanto del personal funcionario como del laboral, a efectos de antigüedad, con lo que existe continuidad y la consiguiente repercusión en la retribución del personal».

Por último, la Consejería resalta, en relación con la representación sindical, que «hay voluntad expresa de garantizar la participación sindical tanto en la aprobación y modificación de los estatutos de las nuevas entidades; en el proceso de integración de su personal; en la aprobación de los nuevos convenios colectivos».

«Se trata de consolidar el sector público, adaptándolo al nuevo marco legal, reforzando el compromiso con la sostenibilidad, haciéndolo desde el compromiso con la función pública y la prestación de servicios a los ciudadanos, eficaces y eficientes, contando para ello con un alto nivel de formación y compromiso de sus empleados públicos para la consecución de estos objetivos, con plenas garantías jurídicas para el personal funcionario y laboral, como empleados públicos que forman parte esencial del proyecto, y con respeto institucional de la Junta a la representación sindical, en el proceso de adaptación necesaria», asevera.