RRHH Digital. Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo, será el próximo ministro de Trabajo e Inmigración en sustitución de Celestino Corbacho, que vuelve a la política catalana, según ha confirmado el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El nombre de Gómez era uno de los que figuraban en las quinielas que se han venido haciendo en las últimas semanas desde que se conoció la marcha de Corbacho a Cataluña. Por cierto, que éste, a su llegada hoy al Congreso para asistir al debate de Presupuestos, ha dicho de Valeriano Gómez que es una «excelente persona y un buen amigo».
El nuevo ministro de Trabajo conoce muy bien el funcionamiento del Ministerio, pues estuvo más de dos años al mando de la Secretaría General de Empleo cuando Jesús Caldera estuvo al frente del Ministerio.
En concreto, Gómez, nacido en Arroyo del Ojanco (Jaén) en 1957, tomó posesión de la Secretaría General de Empleo el 19 de abril de 2004, durante el primer Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y en noviembre de 2006 abandonó el cargo alegando ‘razones personales’.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, durante esos dos años como responsable de Empleo, Gómez consiguió importantes acuerdos con sindicatos y empresarios, siendo el de la reforma laboral de 2006 el de más calado.
La marcha de Gómez de la Secretaría General de Empleo coincidió con el fin de prácticamente todo el proceso de negociación que se marcó el Gobierno en la agenda del diálogo social para la legislatura 2004-2008. Se consiguieron así acuerdos importantes como la subida del salario mínimo, el proceso de regularización de inmigrantes o el pacto en formación continua.
Tan sólo unos meses después de llegar al cargo de secretario general de Empleo, en enero de 2005, se dijo que Valeriano Gómez había presentado a Caldera su dimisión en medio de la polémica suscitada por la reforma del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El entonces ministro de Trabajo desmintió la noticia y le ratificó su confianza, pero un año y diez meses después Gómez dejaba su cargo, alegando razones personales.
ECONOMISTA EN UGT.
Antes de su llegada a la Secretaría General de Empleo, Gómez fue asesor ejecutivo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde 1988 hasta 1994, en que fue nombrado administrador único de la PSV.
Entre otros puestos, ha trabajado como economista en el Gabinete técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT y director general de Fondo de Promoción de Empleo del Sector Siderúrgico Integral.
Gómez, que hasta ahora ocupaba el cargo de presidente de la Comisión Financiera de la Fundación Ortega y Gasset, fue uno de los responsables del programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones generales de 2004.
El Consejo de Ministros nombró a Gómez miembro del Consejo Económico y Social (CES) en junio de 2007 para formar parte del grupo de consejeros designados por las organizaciones sindicales. La propuesta fue efectuada por la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT.
Defensor del diálogo social, el nuevo ministro de Trabajo, aunque participó en la manifestación del 29-S (no secundó la huelga), ha acabado por defender públicamente la reforma laboral que causó el paro general, al menos algunos de sus aspectos. En una reciente intervención ante la prensa, Gómez pidió paciencia y tiempo para valorar los efectos de dicha reforma.
RETOS POR DELANTE.
El nuevo ministro tiene mucho ‘tajo’ por delante: los sindicatos están en pie de guerra y los empresarios inmersos en un proceso electoral, por lo que el sucesor de Corbacho habrá de apaciguar los ánimos de ambas partes si quiere recuperar el diálogo social, algo que no parece sencillo si el Gobierno no rectifica la reforma laboral.
En el horizonte, hay reformas, algunas de mucho calado, como la de las pensiones, que esperan al nuevo ministro. En función de las conclusiones del Pacto de Toledo, el elegido tendrá que abrir una negociación con los agentes sociales para sacar adelante una reforma que, de entrada, cuenta con el rechazo sindical en uno de sus aspectos más significativos: el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años.
También están en espera la reforma de las políticas activas de empleo, uno de los principales objetivos de Zapatero en esta nueva etapa, y el desarrollo reglamentario de la reforma laboral, que el Gobierno quería pactar con los sindicatos y que, de momento, no contará con su concurso si no hay una rectificación previa.
Valeriano Gómez deberá decidir además si mantiene en su puesto al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, con quien ya trabajó en su etapa como secretario general de Empleo con Caldera, y a Maravillas Roja, que se hizo cargo de la Secretaría General de Empleo cuando llegó Corbacho al Ministerio.
En su última intervención pública, que tuvo lugar el pasado lunes en el marco de un seminario organizado por la Embajada holandesa, Gómez llamó la atención sobre el hecho de que sólo se invierten en políticas activas seis décimas del PIB, frente a los 3 puntos del PIB que se destinan a protección por desempleo.
«Invertimos poco en políticas activas y el tamaño de los servicios públicos de empleo es muy limitado, con sólo 8.000 efectivos, por los 30.000 de Francia, los 75.000 de Reino Unido o los 70.000 de Alemania», apuntó Gómez, quien se mostró partidario de que las agencias privadas sean intermediarios laborales, pero no a costa del sector público.
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