RRHH Digital. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) exigió este sábado al Gobierno «la aprobación urgente» del plan de contratación pública socialmente responsable en relación con la discapacidad, que, recordó, debería estar ya vigente.
Y es que, explicó el comité, el pasado mes de febrero el Consejo de Ministros adoptó un Plan extraordinario de fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza para 2010, que incluía el compromiso de aprobar en seis meses un plan para la Administración central sobre contratación socialmente responsable en relación con la discapacidad.
Este plan debe favorecer la inclusión social a través del empleo y la accesibilidad universal por medio de las políticas de compras y adquisición de productos, bienes y servicios para la Administración General del Estado. Pero «transcurrido con creces ese plazo, la iniciativa todavía no ha visto la luz».
El plan debería adoptarse en el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Sanidad y Política Social y contener mandatos para todos los órganos de contratación de la Administración General del Estado para que incluyeran de oficio cláusulas sociales en las licitaciones públicas.
La legislación vigente sobre contratación pública aprobada en 2007 permite a las administraciones potenciar la dimensión social en las licitaciones, indicó el Comité. Y lo hace, continuó, exigiendo condiciones de accesibilidad a productos y servicios, reservando directamente contratos a centros especiales de empleo o descartando de los procesos de adjudicación a las empresas que estando obligadas no cumplan la reserva legal de empleo en favor de trabajadores con discapacidad.
Para el Cermi, es «imprescindible» que la Administración central tome conciencia de toda la potencialidad social que le permite la Ley de Contratos del Sector Público, «para que en una época de aguda crisis como la actual se pueda hacer de las licitaciones públicas una herramienta de las políticas de inclusión para personas con discapacidad».
Algunos departamentos ministeriales, como el de Defensa o Educación, ya están aplicando estas medidas en su ámbito de contratación, «pero se necesita un plan global que extienda estas buenas prácticas a toda la Administración del Estado», incidió la plataforma.
La Comunidad Foral de Navarra, por su parte, aprobó en diciembre de 2009 una ley autonómica que reserva obligatoriamente un seis por ciento de los contratos públicos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción, medida que el Cermi quiere que se extienda al resto de comunidades autónomas y al Estado.
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