RRHH Digital. Trabajadores de la empresa mixta de servicios urbanos Elsur, de El Ejido (Almería), acuden este jueves al Parlamento de Andalucía invitados por los grupos políticos de PP e IU para que puedan estar presentes en el pleno de la Cámara andaluza en el que el grupo ‘popular’ defenderá una moción en la que solicitará la disolución del Ayuntamiento de El Ejido gobernado por el PAL y que dirige el alcalde, Juan Enciso.
Los representantes políticos municipales de PP e IULV-CA invitaron al comité de empresa a asistir a la sesión plenaria del Parlamento andaluz, de forma que a través de una decena de invitaciones del PP y cuatro de IU, los empleados de Elsur acuden a Sevilla con la posibilidad de mantener un encuentro con el consejero de Empleo, Manuel Recio, o con la Consejera de Presidencia, Mar Moreno, después de que el parlamentario andaluz de IU Pedro Vaquero se ofreciera a «mediar» entre ambas partes.
Así, la portavocía de los empleados de Elsur tratará de exponer la situación que viven los trabajadores de los servicios municipales de cara al futuro, ya que este mismo lunes el gerente de Elsur, Mario Pulido, ha contactado con el comité de empresa al que le ha comunicado que se han hecho efectivas las nóminas adeudadas mientras que, sobre la paga extra, se ha abonado la mitad a los empleados de aguas y depuración.
No obstante, los cerca de 400 trabajadores de la empresa mixta de servicios urbanos han decidido continuar con la huelga programada para exigir el pago de sus salarios ya que, además del impago de una parte del sueldo a ciertos empleados, buscan un compromiso por parte de Elsur para fijar un calendario de negociaciones y crear el convenio colectivo de la empresa.
De igual modo, desde el sindicato de empresa se ha pedido una «solución más ágil» para el problema que se plantea a 87 trabajadores que fueron contratados por Elsur como resultado del reconocimiento de la cesión ilegal de trabajadores por parte de las subcontratas del empresario José Antonio Amate –imputado por su presunta implicación en la operación ‘Poniente’– con los que aún se mantiene deudas por impago, según alegan.
A estos empleados, afirman desde el comité, se les debe entre 3.000 y 4.000 euros a cada uno por sus servicios entre los meses de marzo y mayo de este año, de forma que han tenido que recurrir a la vía judicial para probar estos impagos y obligar a su cobro, si bien las primeras fechas de vista oral están fijadas para el mes de septiembre de 2011, por lo que piden una solución «más inmediata».
Estos motivos han llevado a los trabajadores a continuar con la huelga de manera que a lo largo de esta semana se mantendrá una reunión para fijar los servicios mínimos hasta el 29 de octubre, según ha comunicado ya el comité de empresa a la Delegación de Empleo.
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