RRHH Digital. La portavoz de CC.OO. de Catalunya, Dolors Llobet, denunció ayer que el ‘lobby’ de los 100 economistas, que ha propuesto ampliar a toda la vida laboral el cálculo de las pensiones, no es objetivo, ya que están aglutinados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que cuenta con diez directivos de entidades financieras de los 16 miembros de su patronato.
«Ponemos en entredicho la objetividad del llamado grupo de los 100 economistas», ha criticado Llobet, tras indicar que «para la entidades financieras se trata de una oportunidad de negocio alternativa al tocho».
Ante las manifestaciones de este colectivo de economistas, ha recordado las consecuencias «desastrosas» que han tenido los sistemas de pensiones que combinan el carácter público y privado, y han acusado a estos ‘lobbies’ de querer generar desconfianza sobre un sistema público que ha demostrado, incluso en crisis, su fortaleza.
Además, ha advertido al Gobierno de que no permitirá que se legisle sobre la reforma de las pensiones al margen de los agentes sociales, ya que ha se trata de un tema clave para el futuro del sistema de protección social para los trabajadores.
En rueda de prensa este lunes, Llobet ha afirmado que el sindicato no esta dispuesto a dejar perder «una de las mejores bases del derecho laboral para los trabajadores» y acusado a las entidades financieras y otros ‘lobbies’ económicos de estar detrás de la corriente que insiste en acabar con el carácter público del sistema de pensiones y que anuncia su quiebra si no se reforma.
Por su parte, la secretaria Socioeconómica del sindicato, Cristina Faciaben, ha recordado que atacar el carácter público de las pensiones es acabar con un modelo «distributivo, solidario y justo», ya que con la precariedad del mercado laboral español, no todos los trabajadores cuentan con la capacidad suficiente como para ahorrar e invertir en un plan privado.
Según CC.OO. de Catalunya, la viabilidad del sistema de pensiones pasa por mejorar los ingresos (trabajando por la generación de empleo, por ejemplo) y separar los fondos de financiación de las pensiones, de modo que las cotizaciones sociales sirvan sólo para financiar las pensiones contributivas y el resto de pensiones y complementos mínimos vayan a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Faciaben ha insistido en que el acuerdo para separar definitivamente estos fondos está previsto desde 2006 y debe cumplirse como máximo en 2013. Esto, unido a que los gastos de estructura y gestión del sistema también vayan a cargo de los PGE, supondría una inyección de casi 7.000 millones adicionales al año al sistema.
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