Recursos Humanos Digital. La US Air Force habría esgrimido ante el Ministerio de Defensa un «cambio de misión» de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, a la hora de explicar el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la compañía ‘Vinnell, Brown & Root LLC’ (VBR) como concesionaria de los servicios de mantenimiento y de los aspectos civiles de las instalaciones.
Un portavoz del comité de empresa ha explicado a Europa Press que, según la información recabada por los líderes de los trabajadores, la semana pasada un alto mando de las Fuerzas Aéreas estadounidenses se entrevistó con los responsables de la Dirección General de Política de Defensa, adscrita al Ministerio de Defensa, a cuenta del anuncio de VBR tras hacerse con el contrato de explotación de los servicios civiles y de mantenimiento de la base aérea de Morón de la Frontera, cuyo uso comparten la US Air Force y el Ejército del Aire.
Ante la Dirección General de Política de Defensa, según el comité de empresa, este alto mando habría advertido de que las Fuerzas Aéreas Estadounidenses promueven un «cambio de misión» para la base aérea de Morón de la Frontera a cuenta de una «elevada reducción» del número de vuelos asignados por la US Air Force a estas instalaciones.
A tal efecto, el comité de empresa espera que a lo largo de la semana en curso, ‘Vinnell, Brown & Root LLC’ entregue la documentación correspondiente a la propuesta de ERE, que podría afectar a unos 60 empleados.
Juan Bozada, delegado de UGT en el comité de empresa de la base aérea, había informado ya a Europa Press de que tras haber desembarcado el pasado 1 de agosto en esta concesión administrativa, ‘Vinnell, Brown & Root LLC’ había anunciado al comité de empresa su intención de promover un expediente de regulación de empleo entre la plantilla que asume las labores de mantenimiento de las instalaciones militares. «La empresa nos ha dicho que tiene intención de presentarlo, pero todavía no se ha hecho efectivo,», dijo Bozada.
Recordó al respecto que la legislación laboral estipula en un diez por ciento de la plantilla la cuota mínima de trabajadores afectados que se necesita para promover un ERE, por lo que vaticinó que el procedimiento podría afectar «al menos» a cerca de 60 empleados.
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