RRHH Digital. El grupo de los ‘100’ economistas ha elaborado un documento en el que proponen ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral incrementándolo dos o tres años cada ejercicio, frente a la ampliación de 15 a 20 años que se plantea actualmente en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso.
En una rueda de prensa, los impulsores del documento han apostado por avanzar hacia un sistema similar al modelo sueco a largo plazo, a través de una transición más suave que pasa también por elevar gradualmente la edad de jubilación a los 67 años y ampliar a 40 años el tiempo necesario para recibir el 100% de la pensión, a razón de 2,5 puntos por año cotizado.
Sin embargo, la finalidad sería un reforma integral del sistema que permitiera alcanzar una edad de jubilación flexible, que no esté fijada por un límite legal determinado y que genere una pensión diferente en función de la edad a la que decida jubilarse cada trabajador.
Así, se garantizaría una edad de jubilación flexible y adaptada a la esperanza de vida, de manera que sea el propio trabajador el que decida cuándo quiere jubilarse con el consiguiente efecto reductor. Además, la pensión deberá ser compatible con otro tipo de renta laboral.
«¿Por qué no se puede recibir la mitad de la pensión a los 60 años y seguir trabajando a tiempo parcial?», ha señalado uno de los firmantes del documento y miembro del IESE, Javier Díaz Jiménez, tras explicar que en otros países como Suecia son los trabajadores los que deciden cuando se jubilan y cómo quieren percibir su pensión.
De esta forma, pueden decidir, por ejemplo, qué cuantía perciben el primer año de su jubilación si siguen trabajando, e ir modificando dichas cuantías cada ejercicio en función de sus necesidades.
El nuevo modelo que proponen los economistas incluiría también un sistema de ajuste automático a la situación económica, de manera que la cuantía de la prestación se incrementaría en aquellos momentos en los que la economía creciera y mermaría en los periodos de menor actividad económica, pero siempre estarían garantizadas.
Asimismo, contemplaría instrumentos que permitieran realizar un ajuste de los riesgos demográficos y que daría más estabilidad al sistema al permitir asegurar las prestaciones en cualquier escenario.
SISTEMA MÁS FLEXIBLE Y ESTABLE
Según los promotores del documento de los ‘100’ economistas este nuevo modelo daría lugar a un sistema más «flexible, estable y sostenible», y acabaría con un modelo «injusto» que trata de forma distinta a trabajadores en una situación laboral similar y que, a su juicio, hay que reformar de manera «inevitable y urgente».
Así, han advertido de que muchas comunidades estarían ya en déficit si no existiera la caja única y han resaltado la importancia de dar «certidumbre y garantías» a los ciudadanos, tal y como ocurre en otros países. Además, han asegurado que el actual sistema es injusto con los trabajadores de bajo nivel educativo y sólo garantiza las pensiones en los próximos 15 ó 20 años.
De la misma forma, han alertado de que la tasa de dependencia se duplicará de aquí al año 2050, por lo que también lo hará el gasto en pensiones, algo que no podrá solucionarse subiendo impuestos o cotizaciones porque perjudicaría al empleo y al crecimiento, según el director ejecutivo de Fedea, Pablo Vázquez y el miembro de Fedea Sergi Jiménez. De hecho, el grupo de economistas ha asegurado que para sostener el sistema a través del IVA, habría que subir el impuesto al 49,5% en 2050.
UN SISTEMA MENOS GENEROSO
Por su parte, el miembro del CSIC y también firmante, Ángel de la Fuente, ha resaltado la necesidad de hacer la transición al nuevo modelo de forma «gradual» (tardará unos 10 ó 20 años en implantarse) para que no afecte a los jubilados actuales y para poder asumir mejor los costes del cambio, ya que el sistema será «menos generoso» en términos relativos.
Aún así, De la Fuente también ha apostado por empezar a hacer esta transición «cuanto antes» con las reformas concretas propuestas para empezar a avanzar hacia el nuevo modelo y lanzar un mensaje de que España está abordando de forma «seria» el problema de las pensiones.
En cuanto al ahorro que supondría el nuevo sistema para las arcas públicas, De la Fuente se ha limitado a decir que sería «considerable a 50 años vista» y, aunque no ha querido dar una cifra exacta, ha estimado que podría situarse en unos cuatro o cinco puntos de PIB.
EL PACTO DE TOLEDO, «LA MAYOR ESTAFA»
Sobre las negociaciones del Pacto de Toledo, el grupo de economistas considera que los acuerdos alcanzados hasta el momento se han traducido en reformas que han supuesto avances en la dirección «correcta», aunque siguen siendo «limitados» porque la gravedad de los restos exige reformas «mucho más ambiciosas» que en el pasado.
El miembro del IESE, Javier Díaz Jiménez, ha ido más allá al considerar que el Pacto de Toledo es «la mayor estafa» para el contribuyente español por dejar en manos de los políticos la reforma de las pensiones, y ha añadido que la propuesta que se está negociando dentro de este Pacto sólo mejora la sostenibilidad al retrasar la entrada en déficit hasta 2015 ó 2016.
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