Recursos Humanos Digital. El secretario general de CCOO en Extremadura, Julián Carretero, ha transmitido la satisfacción de su organización por la «inadmisión» por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) de un recurso de casación para la unificación de doctrina de Siderúrgica Balboa contra una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJEx) de 23 de julio de 2009, relativa a salarios de 317 empleados «a raíz» de una huelga convocada por el citado sindicato en 2002.
La sentencia del TSJEx se refiere a un recurso de suplicación interpuesto por la citada empresa, frente a una sentencia dictada inicialmente sobre demandas individuales de trabajadores relativas al asunto en cuestión por el Juzgado de lo Social número 1 de Badajoz con fecha 29 de enero de 2009 .
El asunto dirimido se refiere a una huelga de dos horas diarias de los trabajadores convocada por CCOO en 2002 con motivo de la negociación del convenio colectivo en Siderúrgica Balboa, y durante la cual la empresa –apunta el sindicalista– «cerró las instalaciones e impidió el derecho a trabajar» en el periodo que «no» se refería al horario de la citada convocatoria.
El acuerdo del Supremo, facilitado a los medios de comunicación en rueda de prensa este jueves en Mérida, «declara la firmeza de la sentencia recurrida (por el Grupo Alfonso Gallardo), con imposición de costas a la mercantil recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda».
Según ha apuntado Carretero, el «cierre de las instalaciones» por parte de la empresa se extendió entre el 12 de junio de 2002 y el 17 de julio del mismo año, fecha en la que fue reabierta la fábrica «tras un laudo arbitral de obligado cumplimiento de la Junta».
Con posterioridad a dicha fecha, CCOO recurrió mediante demandas individuales de cantidad de los empleados los salarios que a su juicio «dejaron de percibir» estos correspondientes al periodo en el que las instalaciones «estuvieron cerradas» por un «cierre patronal», y ahora –añade Carretero– el Supremo «dice que los trabajadores deben empezar a cobrar» dichas cantidades, que el sindicalista cifra en «más de 420.000 euros».
El acuerdo del Supremo no se refiere, no obstante, a la totalidad de los trabajadores en cuestión, sino a «un primer paquete» de 51 de ellos, y a un importe de «69.000 euros», pero tras el mismo –añade– «los (otros) paquetes (de empleados) irán con toda seguridad saliendo».
LABOR SINDICAL
Tras mostrar su satisfacción por el citado auto del TS, contra el que «no cabe recurso alguno», según consta en el mismo, Carretero ha achacado al «retraso» en el cobro de los salarios por parte de los trabajadores a «la terquedad de un empresario» en «recurrir» la cuestión, así como a «la falta de respeto a la ordenación jurídica por parte de un empresario, y su falta de respeto a los trabajadores».
«No se pueden alargar pleitos que siempre pagan los más débiles», ha sentenciado el sindicalista, quien ha resaltado la importancia, a su juicio, de un auto que se refiere a una «empresa símbolo» de la comunidad, y máxime –añade– en un momento en el que «se dice de todo de las organizaciones sindicales» y «hay voces que intentan poner en entredicho» la labor de éstas.
Según ha resaltado, CCOO «es el paradigma de la seriedad y la responsabilidad en el conjunto de las empresas de la región», y prueba de ello, dice, es que se trata de un sindicato que «unas veces ha acordado expedientes de regulación de empleo en empresas del grupo (Gallardo) y otras declara huelgas en el mismo».
ÚLTIMO ERE
En este sentido, ha solicitado al Grupo Gallardo que «aprenda de una vez» y que «no» inicie acciones que puedan «alargar» solicitudes de los trabajadores en casos como, ha dicho, el último ERE planteado, saldado con el «despido final de 150 trabajadores», y en el que «en estos momentos la empresa está intentando jugar con las indemnizaciones que les corresponde, sobre todo en la parte variable del salario».
Sobre este asunto del último ERE, ha reclamado al Grupo Gallardo «que pague religiosamente el conjunto de las indemnizaciones como se acordaron en el expediente de regulación de empleo, que cumpla lo pactado y que no inicie de nuevo un camino que lleve a tener que esperar ocho años».
MOTIVOS DE LA EMPRESA
Por otra parte, en cuanto a los motivos aducidos por la empresa para «cerrar las instalaciones» durante la huelga de 2002, Carretero ha explicado que ésta «adujo motivos relacionados con la seguridad pero que eran un subterfugio.
«Hubo una situación de testadurez y de represalia hacia los trabajadores», ha insistido el sindicalista, quien ha sentenciado que «Alfonso Gallardo prefiere gastar dinero en abogados a gastárselo en trabajadores».
Finalmente, preguntado sobre posibles recursos planteados por la empresa al auto del Supremo, Carretero ha señalado que espera que «la testadurez (de la empresa) no lleve a eso»; ha insistido en que «la sentencia es firme»; y ha añadido que «un recurso no impediría que los trabajadores empezasen a cobrar».
DÍA TRABAJO DECENTE
Por otra parte, Carretero ha recalcado el apoyo de CCOO a las reivindicaciones contempladas dentro del Día Internacional del Trabajo Decente que se celebra este jueves.
En concreto, se ha sumado al conjunto de organizaciones que en esta jornada «claman por un trabajo decente», que pasa a su juicio por la existencia de «trabajo en condiciones», y ha apostado igualmente por la abolición del «trabajo infantil».
Ha criticado al respecto las últimas cifras de paro y de temporalidad de la comunidad, y ha apostado por medidas encaminadas a que los ciudadanos puedan «disfrutar de un trabajo digno».
Finalmente, ha recordado que los objetivos de CCOO respecto a un trabajo decente «siguen estando vigentes», y ha insistido en que «las reivindicaciones de la huelga general (del pasado 29 de septiembre) son las del trabajo decente».
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