RRHH Digital. El presidente de Pimec, Josep González, ha pedido que se reduzca el número de funcionarios mediante un tipo de Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pese a que existen compromisos desde la Generalitat y el Gobierno de reducir plantillas reponiendo únicamente 1 de cada 10 bajas que se producen por jubilación o defunción.
González ha hecho estas declaraciones en la presentación del estudio ‘La ocupación pública en una fase de crisis económica’, que pone de manifiesto, según datos del Ministerio de la Presidencia, que en Cataluña hay 304.515 trabajadores públicos en 2010, un 9,7% más que en enero de 2007, mientras que el sector privado ha reducido un 10,5% su ocupación.
Cataluña es la comunidad donde la presencia de funcionarios es más baja –con un 9,8% respecto Extremadura, con un 26,4%–, aunque González ha matizado que no se trata de «datos buenos porque el funcionariado sigue creciendo en tiempos de crisis». El presidente de Pimec ha calificado este hecho de «anomalía» y ha explicado que «no hay razones» para que el sector público no haga un esfuerzo comparable al del sector privado «en un momento en que las administraciones están tan cuestionadas».
Asimismo, ha recalcado que Pimec pidió con la aprobación de la Ley de Morosidad una ley de financiación local para que los municipios puedan «sobrevivir». «Hay municipios que no pueden pagar las nóminas de sus empleados e incumplen la Ley de morosidad pagando a los 6 meses en vez de a los 30 días» como contempla la norma, ha añadido.
González también ha explicado que el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas no es un buen modelo, aunque en Cataluña se haya avanzado en este aspecto. «El principio de solidaridad es desproporcionado y se tiene que reducir porque el resto de comunidades ya han alcanzado buenos niveles de bienestar económico e infraestructuras con fondos catalanes y europeos», ha dicho.
El presidente de Pimec se ha mostrado partidario de un concierto económico –sin alusión directa al concierto económico de CiU–, y ha lamentado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «nunca se cumplan», ya que la inversión en infraestructuras catalanas del Gobierno no ha llegado al peso de Cataluña en el PIB estatal, como marca el Estatut.
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