RRHH Digital. El vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y el presidente de Carbunión, Victorino Alonso, mantuvieron a lo largo de ayer jueves una reunión para buscar fórmulas financieras que permitan que las empresas mineras de la Comunidad puedan pagar a los trabajadores la nómina de agosto.
Villanueva, en declaraciones recogidas por Europa Press, explicó que a lo largo del día han mantenido contactos con las empresas mineras de la Comunidad para ver cómo se resuelve este problema causando «el menor perjuicio» a los trabajadores, para lo que se han realizado gestiones con las entidades financieras, ya que se trata de una cantidad de «varios millones».
En este sentido, recordó que la aprobación mañana en el Consejo de Ministros del Decreto del carbón y su publicación al día siguiente con instrumento que permitiría que las entidades adelantaran estos fondos, por lo que se llevan a cabo gestiones que van «por buena vía» pero también aclaró que la situación del sistema financiero español es «complicada» y que «las cautelas y las medidas que para recibir estos anticipos ponen sobre la mesa» son también «complicadas de cumplir».
Así, se trata de acercar esta situación entre la Junta, las empresas mineras y las entidades financieras y confía en que se pueda solucionar y «normalizar» la vida de las empresas mineras con el pago de las nóminas que se adeudan.
En este contexto, Victorino Alonso espera que se obtenga una liquidez que permita que los trabajadores puedan cobrar el domingo o el lunes después de la situación de tesorería de las empresas mineras, que han estado un tiempo equivalente a casi medio año sin ingresos, pese a lo cual han pagado todas las nóminas hasta julio.
Sin embargo, el presidente de Carbunión advirtió de que no habrá liquidez hasta que las empresas puedan vender su producción y recibir fondos, al tiempo que recordó que tienen pendiente de recibir los dos tercios de la facturación de marzo.
En concreto, según explicó Villanueva, el Ministerio de Industria ha trasladado que será «muy diligente» en la regulación que lleva consigo el decreto sobre compras de las eléctricas, precios, etcétera, algo en lo que se trabajará desde el mismo lunes para que en 15 días se pueda estar quemando carbón de estas cuencas mineras.
Tanto Villanueva como Alonso coincidieron a la hora de agradecer el trabajo del Gobierno de España y el vicepresidente de la Junta manifestó el apoyo del Ejecutivo autonómico al central porque, añadió, le «consta» que se ha realizado un esfuerzo.
«LETRA PEQUEÑA»
El consejero de Economía y Empleo recordó que el visto bueno de la Unión Europea no hace otra cosa que aprobar algo que ya existía y que el Gobierno español suprimió sin prever otro mecanismo similar.
Sin embargo, incidió en que a pesar de que es positivo existe una preocupación por la «letra pequeña» del acuerdo para que Bruselas diera el visto bueno al decreto, ya que antes de finales de noviembre debe finalizar otro proceso de negociación sobre el reglamento de estas ayudas, que termina este año.
A este respecto, explicó que si el compromiso del Gobierno fuera condicionado a aceptar las ayudas sólo hasta 2014 condicionado al cierre de las minas, con lo que el sector «no tendría futuro». Tomás Villanueva espera que el Gobierno entre a negociar pero al mismo tiempo, aunque se lo preguntará personalmente al ministro Miguel Sebastián, quiere que el Ejecutivo central aclare qué compromisos ha adquirido.
Así, cree que ayer se dio un paso importante pero queda un debate «complicado» e insistió en que la Junta apoyará al Ministerio de Industria y al Gobierno de España para que Bruselas permita un periodo muy superior.
Victorino Alonso aseguró que de lo que se trata y lo que quieren los empresarios es que se defienda un reglamento hasta 2020 con un nicho «estable» de producción, empleo y ayudas porque de lo contrario, si se aprueba el cierre en 2014, supondría que habría que comenzar el 1 de enero del próximo año a desmantelar las minas.
RECURSO DE GALICIA
En cuanto a la posibilidad de que Galicia recurra el decreto, el consejero insistió en que la aprobación del mismo responde a la sustitución de lo que inicialmente el Gobierno suprimió.
En este sentido, considera que es «difícil de entender» que se pretenda impugnar una solución que se encontraba contemplada en el Plan del Carbón y que repone un mecanismo de apoyo con los mismos objetivos que el anterior.
Sin embargo, el vicepresidente segundo de la Junta aclaró que se respetan las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo gallego en torno a este asunto.
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