RRHH Digital. El coordinador del área de Informática del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Carlos Martínez, imputado dentro del caso Voltor, está citado a declarar hoy en relación a los ingresos presuntamente irregulares que percibió de la empresa pública a través de sus sociedades entre 2007 y 2009, y que cobró a la vez que estaba contratado en el Inestur.
La comparecencia, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, tendrá lugar en el marco de una pieza separada de la causa en la que también se encuentran imputados varios ex altos cargos de la Consejería de Turismo del Gobierno balear. El encausado, sobre quien pesa un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, ya declaró el pasado mes de marzo en dependencias de la Policía Nacional, donde admitió haber facturado al Inestur a través de sus sociedades Mediterránea 2F y TCP-IB Technologic por servicios que llevó a cabo con el consentimiento de los servicios jurídicos.
En su deposición en la Jefatura Superior, el informático del Inestur desde junio de 2004 recordó que comenzó a cobrar por estos servicios cuando en 2007, debido a la cantidad de trabajo que desarrollaba, pidió una subida de sueldo que le denegaron, aunque a cambio el responsable de administración de la empresa, Álvaro Llompart, y con el conocimiento del entonces director gerente Antoni Oliver -ambos detenidos en la operación Voltor- le propuso que montase una empresa y facturase esas horas extras al Inestur.
Tal y como recordó, se comunicó esta fórmula a los servicios jurídicos, que en un principio dijeron que no era posible a tenor de los criterios de contratación de trabajadores públicos, aunque finalmente la avalaron por no ser funcionario. De este modo, sobre noviembre de 2007 comenzó a cobrar del Inestur a través de Mediterránea 2F tras suscribir un contrato menor con límite de 18.000 euros. Al año siguiente se rubricó otro contrato por igual cantidad para el ‘mantenimiento de servidores de la página web de Inestur’, y fue entonces cuando Llompart y los servicios jurídicos le instaron a crear otra empresa por estar desarrollando nuevos cometidos que no podía facturar por sobrepasar los 18.000 euros.
«Siempre estaba al tanto Antoni Oliver», quiso dejar claro Martínez, quien en marzo de 2009 cesó como administrador único TCP-IB Technologic al ser advertido de las incompatibilidades con su puesto en Inestur, y pasó a serlo su mujer para que él pudiera seguir prestando los servicios. El imputado señaló además que en 2009 facturó 5.846 euros por la instalación de cámaras en hoteles frente a las playas a propuesta de Oliver a fin de garantizar la seguridad en estas zonas tras los atentados de julio de ese año en Palmanova.
«DESDE EL PRINCIPIO LA FACTURACIÓN ERA IRREGULAR»
Se da la circunstancia de que en diciembre de 2009 desde servicios jurídicos le alertaron de que desde el principio las prácticas de facturación «son irregulares», por lo que le indicaron que ya no podría cobrar del Inestur sus servicios y decidió cerrar TCP-IB, manteniendo la otra de sus empresas.
Las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento dentro de esta causa, en el marco de la cual han sido detenidas una veintena de personas, apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta el pasado 3 de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.
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