Recursos Humanos Digital. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha revelado que en las empresas públicas los liberados sindicales son «apenas el 1 por ciento del conjunto de sus trabajadores», en respuesta a una pregunta planteada en el pleno de control al Ejecutivo en el Senado.
De la Vega ha dicho no tener ningún problema en desvelar el número de liberados –y ha recordado que en la Administración General del Estado ascienden al 0,14 por ciento del conjunto de empleados públicos– , después de que la senadora ‘popular’ Beatriz Elorriaga le haya afeado que el Gobierno haya dejado sin contestar 102 preguntas en el Congreso sobre este asunto.
Elorriaga le había preguntado si los liberados sindicales son «secreto de Estado», guardado «bajo siete llaves» o si es que el Gobierno desconoce la cifra porque no trabaja «con rigor».
De la Vega le ha replicado facilitando el porcentaje de liberados sindicales en la Administración General del Estado y las empresas públicas y ha avisado de que «otra cosa distinta es que gobiernos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tengan suscritos acuerdos con los sindicatos.
«Parece que a ustedes les crean algún problema», ha subrayado la vicepresidenta, pero no con el Gobierno central, sino «con algunos gobiernos autonómicos». «Es a sus compañeros a los que deberían preguntar», ha recalcado, apuntando en concreto al PP de Madrid.
BOCAM DEL 8 DE MAYO
En este sentido, se ha referido a un acuerdo publicado el pasado 8 de mayo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) por el que se aumentaban las horas sindicales.
De este modo, ha afeado a los ‘populares’ que, mientras en Madrid aumentan las horas sindicales, quieran «aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid» y recortar «un derecho fundamental» de los trabajadores. «Se han quitado la careta de Caperucita y les han aparecido las fauces de lobo feroz, de la derecha, pero eso está muy bien porque así los ciudadanos les van a juzgar por lo que realmente son», ha aseverado la vicepresidenta.
La senadora ‘popular’, no obstante, había reclamado también a la portavoz del Ejecutivo la información de cuánto cuestan al erario público los liberados sindicales, y más en un momento de crisis económica, con un «marco desolador» y lleno de dramas personales por el alto paro y con un «riesgo inminente» de llegar a los cinco millones de desempleados.
A juicio de Elorriaga, el Gobierno ha empeorado la crisis con sus «graves errores» y ahora no valen las «palabrerías». No se trata de «recortar ni un solo derecho sindical», sino de conocer la situación con rigor, ha subrayado la senadora.
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