CSI·F exige la adaptación de puestos de trabajo para evitar posibles bajas por problemas físicos

Recursos Humanos Digital. El sindicato CSI·F ha exigido a la Conselleria de Sanidad la catalogación de puestos de trabajo «susceptibles de ser adaptados para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y así evitar un deterioro de la atención al usuario y posibles bajas de personal por problemas físicos».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha señalado en un comunicado que existe «alrededor de un millar de peticiones de empleados públicos en Sanidad que han pedido la adaptación de sus funciones laborales al desgaste físico que sufren por el deterioro que les ha generado su trabajo».

Según ha subrayado la central, la cifra se eleva hasta 5.000 personas «si se trata de los empleados públicos que, por su salud, son susceptibles de sufrir esta adaptación», lo que supone casi un 10% de los 55.000 trabajadores de la Sanidad.

En este sentido, el sindicato ha puesto diversos ejemplos de la situación que atraviesan muchos de estos empleados públicos. «Un cirujano que tiene una hernia fiscal que le impide operar puede ser adaptado para pasar consulta o realizar otras labores médicas que no impliquen entrar en quirófano. Existen muchos celadores que ya no pueden desarrollar el trabajo de mover enfermos porque también tienen hernias o dolencias en la espalda. Podrían pasar a tareas administrativas», ha explicado CSI·F.

Otro ejemplo apuntado ha sido el de una empleada del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que no puede ejercer por tener un edema de brazo, lo que le imposibilita reanimar. «Si fuera adaptada, tendría la opción de trabajar en otros lugares de forma eficiente. Pero, en lugar de eso, ha sido jubilada», ha señalado.

El sindicato ha resaltado que uno de los problemas que existen para realizar «con éxito» la catalogación y posterior adaptación «es el impedimento actual de ser adaptado y resituado estando de baja». «Creemos que debería reconsiderarse este aspecto ya que existen muchos casos en los que si el trabajador no es adaptado no puede volver de ninguna manera a su antiguo puesto por tener dolencias crónicas. Estar de baja le impide ser resituado», ha argumentado CSI·F.

Estas situaciones conllevan consecuencias «injustas» para los empleados públicos, ya que son obligados a jubilarse con un salario de 700 euros al mes, ha indicado, y ha añadido que este modo de proceder por parte de la Administración «está causando un deterioro del servicio pues numerosos empleados públicos padecen problemas físicos». «Esta época de crisis resulta el momento idóneo para acometer esta catalogación y adaptación ya que es una medida que puede mejorar la Sanidad Pública, las condiciones de trabajo y, además, no supondría un desembolso económico, sólo una reorganización del personal», concluye CSI·F.