Recursos Humanos Digital. El Gobierno de Canarias y la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las islas alertaron este lunes de una presunta estafa por la que algunas personas están suplantando a la Inspección de Trabajo bajo el pretexto de cambiar determinadas señalizaciones de seguridad en las instalaciones empresariales, cobrando por dichos servicios.
Dicha situación fue denunciada la semana pasada por un comercio en Santa Cruz de Tenerife, si bien puede haber otras empresas afectadas por este timo, según informaron en rueda de prensa en la capital grancanaria el director general de Trabajo del Ejecutivo regional, Pedro Tomás Pino, y el director territorial de la inspección de Trabajo y Seguridad Social en el archipiélago, Juan de Dios Fernández, que quisieron llamar la atención a las empresas para que estén alerta y eviten ser víctimas de la citada presunta estafa.
Así pues, el objetivo es que «todos los empresarios estén plenamente informados de las competencias de la Inspección de Trabajo para que no se produzcan supuestos fraudes donde algunas personas suplantan las funciones de inspector de Trabajo y se han presentado en alguna empresa comunicándoles que vulneran una serie de normativa en materia de señalética y evacuación y extinción de incendios y, a posteriori, presentan una factura», subrayó Pedro Tomás Pino.
NO SE COBRAN LAS ACTUACIONES FISCALIZADORES
Igualmente, incidió en que «ni los técnicos del Instituto Canario de Seguridad Laboral, ni los inspectores de Consumo y Comercio de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno canario, ni los inspectores de Empleo cuando realizan sus actuaciones fiscalizadores o de asesoramiento y visita en las empresas en todo momento se identifican con su carné propio de funcionario y en ningún momento presentan una factura».
Así detalló, que estos funcionarios, en caso de que constaten la existencia de alguna vulneración o vean necesaria la ampliación de las investigaciones a través de requerimiento de documentación inician el correspondiente expediente administrativo que «debe respetar las seguridad jurídica que establece la Ley de Procedimiento Administrativo».
De ningún modo, «ningún funcionario de la Inspección de Trabajo ni de la Dirección General de Trabajo se va a personar en una empresa canaria solicitando una factura por atender una supuesta deficiencia en prevención de riesgos laborales», reiteró.
UNOS 80 INSPECTORES Y SUBINSPECTORES
En los mismos términos se expresó Juan de Dios Fernández, que detalló que en las islas hay aproximadamente 80 inspectores y subinspectores, divididos al 50 por ciento entre ambas provincias.
Explicó que sus funciones requieren visitas a empresas y centros de trabajo y «siempre cuando llegan se identifican y preguntan por el encargado o director de Recursos Humanos, muestran su carné y en modo alguno se pide ninguna cantidad de dinero ni ninguna factura por ningún importe por parte de la Inspección de Trabajo».
«Se ven las instalaciones y la visita de inspección concluye y, en caso necesario, se deja una citación a la empresa para que acuda días más tarde a la Oficina de Inspección de Trabajo con una determinada documentación», añadió el director territorial, quien desmintió «rotundamente que se vaya con factura o se pida ninguna cantidad de dinero ni durante la visita ni en el momento posterior».
El director general destacó que hay constancia «formalmente» de una denuncia en las Oficinas de Inspección del Trabajo en Santa Cruz de Tenerife, si bien comentó la posibilidad de que «algún empresario más ha sido objetivo de este presunto fraude y todavía no ha hecho la denuncia o no quiere interponerla por no ser un importe excesivamente alto».
No obstante, Pedro Tomás Pino argumentó la campaña informativa del Gobierno canario a fin de «poner freno y coto a esta situación para que algunos individuos no utilicen ciertas argucias y suplanten las competencias y funciones de la Inspección de Trabajo».
Agregó que la alarma surgió tras una denuncia interpuesta por una empresaria del sector comercial en Santa Cruz de Tenerife, cuyo asesor fiscal le advirtió de que la factura presentada por los falsos inspectores «tenía deficiencias fiscales».
Estos presuntos timadores habían advertido a la víctima de que incumplía la normativa señalética y «se la hicieron cambiar instalando la que ellos llevaban y también sustituyendo elementos de evacuación y extinción de incendios». «Extendieron una factura que no superó los cien euros y que no es legal porque tiene una serie de deficiencias fiscales», apostilló el director general de Trabajo del Ejecutivo autonómico.
En este caso se identificaron con una «tarjeta oficial que decía inspector de trabajo dependiente del Gobierno canario», según Tomás Pino, que incidió en que «eso no es posible porque la Inspección es un cuerpo que depende del Estado». Dichos hechos se han puesto en conocimiento de la Policía, que ha iniciado la investigación oportuna.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.