RRHH Digital. El Gobierno francés ha anunciado que la prevista reforma de pensiones sancionará a las compañías que paguen a sus empleadas menos que a sus trabajadores varones, mientras intensifica una campaña para defender su polémica iniciativa.
El ministro de Trabajo, Eric Woerth, el arquitecto de la reforma que provocó una huelga nacional la semana pasada, rechazó el domingo las críticas que argumentan que discrimina a las mujeres al obligarlas a trabajar más tiempo para obtener los años necesarios de pagos de la seguridad social.
Woerth dijo que la reforma compensaría a las mujeres que tomaron bajas por maternidad con dos años de pagos adicionales de pensión.
«El problema no es el tiempo de los pagos en lo que respecta a las mujeres, el problema son los salarios: los salarios de las mujeres son menores que los de los hombres que hacen el mismo trabajo», dijo Woerth a la emisora Europe 1. «Ese es un insulto a la democracia y a nuestro modelo social», añadió.
«En el texto (de esta reforma), hemos decidido multar a las compañías que diferencian entre salarios de hombres y de mujeres», dijo.
Woerth indicó que los sindicatos y el Partido Socialista engañaban a los votantes al decir que podía evitarse un retraso en la edad mínima de jubilación a 62 años desde los 60 actuales. El Gobierno ha dicho que sin un incremento de la edad de jubilación, el sistema de pensiones de Francia perderá 45.000 millones de euros al año en 2020.
Los sindicatos de Francia realizaron una huelga nacional el martes y han convocado una nueva protesta para el 27 de septiembre para forzar cambios de la reforma, pero el Gobierno del presidente, Nicolas Sarkozy, se ha negado a abandonar el retraso de la edad de jubilación.
«Los franceses saben que tenemos que reformar el sistema de pensiones», dijo Woerth a Europe 1. «Los sindicatos dicen que deberíamos reformar las pensiones sin elevar la edad de jubilación, pero en todos los países del mundo han hecho eso», argumentó.
La defensa de Woerth de su reforma ha sido difícil por una investigación por su presunta participación en una financiación política ilegal. El domingo, negó otra vez cualquier delito y dijo que no tenía previsto renunciar, como han exigido los sindicatos.
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