Recursos Humanos Digital. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado al Estado y a las comunidades autónomas que establezcan una reserva general de al menos un 6% de todas sus licitaciones públicas a favor de centros especiales de empleo y empresas de inserción, como medida de contratación socialmente responsable.
La legislación europea y española en materia de contratación pública permite que las administraciones reserven un tanto por ciento de licitaciones para adjudicar sin proceso competitivo a empresas de carácter social, como son los centros especiales de empleo de personas con discapacidad y las empresas de inserción de personas en riesgo de exclusión social.
Para que esta posibilidad sea realmente efectiva, el Cermi pide al Gobierno central y a las comunidades autónomas que sigan el ejemplo de la Comunidad Foral de Navarra, que a finales de 2009 adoptó una ley, pionera en España, que reserva el 6% de los contratos de la Administración foral a este tipo de empresas.
«No existen dificultades legales ni jurídicas que impidan adoptar este tipo de medidas. Sólo hace falta voluntad política para aprovechar todas las potencialidades que encierra la contratación pública desde una perspectiva socialmente responsable», asegura el Cermi.
Para el comité, «las estrategias de contratación pública de las administraciones, bien orientadas y usadas, pueden servir a las políticas sociales y de inclusión de grupos con problemas de acceso al empleo».
«Sólo hay que dar el paso en la buena dirección, con iniciativas innovadoras, que no suponen más gasto y que favorecen el bienestar ciudadano», concluye.
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