RRHH Digital. Los expedientes que se abrieron a los trabajadores de Metro que incumplieron los servicios mínimos establecidos en la huelga convocada en el suburbano los días 29 y 30 de junio «siguen su curso», según ha señalado el director gerente de Metro de Madrid, Ildefonso de Matías.
«Se abrieron expedientes que continúan su curso absolutamente normal, en estos momentos estamos recabando datos y viendo cuáles son las alegaciones que están haciendo al primer escrito que se le mandó a cada uno de los trabajadores… Seguimos con ellos para adelante», ha apuntado.
Y todo pese a que en un principio, cuando los sindicatos y la dirección no se habían sentado a negociar, era una de las condiciones que los trabajadores ponían sobre la mesa para poder dialogar. Es decir, pedían que no se tuviesen en cuenta estos expedientes, algo que en los contactos de los últimos días ni se ha tenido en cuenta.
Por otro lado, De Matías ha concretado que «nunca» han sido 2.000 los expedientes abiertos, tal y como calcularon en su día desde el Comité de huelga, y que la cifra ronda los 900, una cantidad que puede verse reducida, aunque no sabe en cuanto, cuando se vean las primeras alegaciones y se comience con el segundo turno de preguntas.
En una rueda de prensa convocada por la compañía para explicar la situación actual de la negociación, De Matías también ha sido preguntado por el dinero que está perdiendo la compañía por cada día de huelga, algo a lo que no ha contestado directamente. «¿Cuanto cuesta la reputación de Metro de Madrid«, ha indicado.
Según ha señalado, la empresa «echará cuentas» cuando termine el conflicto laboral, teniendo presente, ha añadido, que la cuenta no solamente hay que echarla sobre las pérdidas que tendrá la propia empresa de Metro de Madrid sino sobre las propias que han tenido todos los ciudadanos.
«A fin de cuentas, Metro de Madrid es una empresa de servicio público, está para lo que está, se ha convertido en una pieza estratégica para el funcionamiento de la región y realmente una disfunción en la red acarrea unos prejuicios económicos excepcionales», ha concluido.
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