Recursos Humanos Digital. La Policía nacional ha detenido, en el marco de la Operación Isabel, a 99 personas, cinco de ellas titulares de otras tantas empresas ‘fantasma’, e imputado a otras 65, todas ellas extranjeras, en Zaragoza por falsificación de documentos, estafa a la Seguridad Social y al INEM y delito contra los derechos a los trabajadores. El impago de cuotas a la Seguridad Social asciende a 1,5 millones de euros.
La operación se ha llevado a cabo conjuntamente por funcionarios pertenecientes a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial y las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras y de Policía Judicial de Zaragoza.
Según ha informado el delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, en una rueda de prensa en Zaragoza, «para el Gobierno la lucha contra el fraude es un objetivo estratégico y se están permanentemente poniendo los medios necesarios para ello, como la existencia de un Plan Integral en la lucha contra el fraude, que exige que haya el máximo nivel de coordinación entre distintas organizaciones administrativas».
«Esta operación, en los últimos meses mucho más activa, comenzó hace un año; es una investigación que nace en Zaragoza en dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, posteriormente interviene la Inspección de Trabajo y, finalmente, para las detenciones y puesta a disposición judicial, la Jefatura Superior de Policía en Aragón y unidades desplazadas desde Madrid para colaborar en el operativo», ha enumerado Fernández.
La directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, María Dolores Martín Hueso, ha explicado que «las actuaciones se inician al detectarse en las oficinas de atención al público que se estaban produciendo inscripciones de alrededor de veinte empresas constituidas por ciudadanos extranjeros en actividades de hostelería, construcción o limpieza y que, a su vez, daban de alta de forma masiva a ciudadanos también extranjeros».
Tras las oportunas comprobaciones efectuadas en colaboración con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) y la Inspección de Trabajo de Zaragoza, se logró determinar que 20 empresas (de las cuales 19 eran personas físicas inscritas y la última una sociedad civil constituida por otros dos ciudadanos) presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores, algunos de los cuales se repetían en varias de las empresas.
También se constató que habían incumplido, sistemáticamente y desde el inicio de su actividad, la obligación de cotización a la Tesorería General de la Seguridad Social por los seguros sociales de sus trabajadores, presentando descubiertos por impago de cuotas por un total de 1.500.000 euros aproximadamente, y no habían presentado ante la Agencia Tributaria declaraciones de operaciones con terceros.
Se comprobó que los domicilios que constaban en los datos de inscripción de estas empresas en la Seguridad Social eran falsos, toda vez que resultaron desconocidas, tanto en los domicilios sociales como en los de la actividad empresarial declarados por las mismas, al igual que resultaron desconocidos sus titulares en los domicilios que constaban de los mismos, tanto en las bases de datos de la Seguridad Social como en la Policiales.
632 TRABAJADORES
Además, en la investigación se determinó que estas empresas, que declararon en el momento de su inscripción actividades de construcción, servicios de limpieza, taller mecánico y hostelería, que en ningún caso habían realizado, dieron de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un total de 632 trabajadores, de los cuales 163 percibieron en base a los periodos de carencia acumulados en las mismas, prestaciones y/o subsidios por desempleo del INEM y en algunos casos prestaciones por incapacidad temporal de la Seguridad Social.
Los trabajadores eran contratados y dados de alta durante cortos periodos de tiempo, en la mayoría de los casos los mínimos legales exigidos para acceder al derecho de las prestaciones o subsidios, o para completar estos periodos.
«Estas empresas no pagan a la Seguridad Social ni como empresas ni como personas físicas desde el inicio de la actividad, los domicilios no existen y tampoco se puede comprobar los domicilios de las actividades que dicen desarrollar», un hecho que se traslada a Inspección de Trabajo «que constata la inexistencia de las empresas, de su relación laboral con los trabajadores, los descubiertos en el pago de cuotas», ha reiterado Martín Hueso.
El jefe superior de Policía de Aragón, Rafael Arenas, ha indicado que «han sido citados en sede policial más de 220 personas que figuraron de alta en las empresas investigadas, entre ellos los preceptores de prestaciones y/o subsidios», así como varios profesionales de la gestión a través de los que estos «supuestos empresarios» canalizaban la confección de contratos, nóminas, confección de partes de alta y baja y certificados de empresa.
La Policía no ha detectado implicación de ninguno de estos profesionales, ya que se limitaban a la confección de documentos que les encomendaban dos personas que decían representar a las citadas empresas: uno de ellos responde a las iniciales de G.A.D., conocido como Jorge y de nacionalidad rumana, y otro que responde a las iniciales de R.H., de nacionalidad marroquí, toda vez que el resto de los empresarios no son conocidos, ni de los supuestos trabajadores, ni de los profesionales que gestionaban los asuntos laborales de las empresas.
Por las investigaciones practicadas «se ha podido determinar que 19 de las empresas investigadas no desarrollaron en ningún caso actividad empresarial real y efectiva, con la excepción de la que reviste forma de sociedad civil, que tuvo algún tipo de actividad, pero en ningún caso acorde con el volumen de trabajadores que dio de alta y respecto a la que alguno de los declarantes, dice no haber trabajado y haber sido dado de alta a cambio de entregas dinerarias».
Por las declaraciones recibidas se pone de manifiesto que las altas eran tramitadas a cambio de dinero que pagaban los trabajadores y que oscilaba entre los 280 y los 400 euros, que eran entregados a los dos responsables antes señalados, si bien existe algún caso en que los pagos ascendieron a la cantidad de 13.000 euros entre los que se incluía la gestión del visado, contrato de trabajo, altas en varias empresas, sin que existiera relación laboral, para obtener la regularización y las prestaciones por desempleo.
De las personas detenidas, 94 de ellos (trabajadores que percibieron prestaciones por desempleo) tras prestar declaración en dependencias policiales fueron puestos en libertad con cargos y los cinco restantes, titulares de otras tantas empresas, han pasado este sábado a disposición Judicial con el atestado policial instruido al efecto.
La operación policial continúa abierta y no se descarta que se produzcan más detenciones por estos hechos, si bien, «algunos de ellos puede ocurrir que no estén si quiera en territorio nacional».
Además, el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Rafael García, ha informado de que «una vez que la Tesorería comunicó que los periodos cotizados eran ficticios, procedimos a controlar todas las prestaciones y a unas cien personas se les ha cortado el pago en la nómina de este mes, de un montante que puede llegar a 60.000 euros, y se procederá a pedir el cobro indebido de los meses anteriores».
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.